El presidente Javier Milei anunció que vetará las leyes aprobadas por el Senado que establecen un aumento en las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. La decisión fue comunicada durante un acto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde Milei enfatizó que, de no prosperar el veto, el Gobierno recurrirá a la Justicia para invalidar las normas. “Vamos a vetar. Y si aun se diera la circunstancia, que no creo, que el veto se cae, lo vamos a judicializar”, afirmó el mandatario, quien además acusó a los gobernadores y a la vicepresidenta Victoria Villarruel de actuar en su contra.

La sesión en el Senado, presidida por Silvia Sapag, fue objeto de controversia por supuestas irregularidades en la convocatoria y el tratamiento de los proyectos. Sin embargo, la vicepresidenta Villarruel defendió la legalidad del proceso, señalando que “el recinto es soberano y votó en contrario” a la postura oficialista. La oposición sostiene que hubo quórum y que la sesión fue válida, mientras que el oficialismo denuncia un “golpe institucional” y acusa a la oposición de buscar desestabilizar al Gobierno.

El paquete legislativo aprobado implica un aumento real del 7,2% para jubilaciones y pensiones, la elevación del bono previsional de $70.000 a $110.000 con actualización automática por inflación, y la extensión de la moratoria previsional por dos años. Según estimaciones oficiales, el impacto fiscal de estas medidas podría superar el 2% del PBI en 2026, lo que, según el Gobierno, pondría en riesgo el superávit fiscal y la estabilidad económica.

El conflicto se produce en un contexto de creciente tensión entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y los gobernadores, en medio de un año electoral clave. Mientras el Gobierno insiste en que el equilibrio fiscal es innegociable, la oposición y algunos gobernadores defienden la legalidad y la necesidad de las medidas aprobadas. El Ejecutivo dispone ahora de ocho días para promulgar o vetar las leyes, mientras se anticipa una posible judicialización del proceso y un clima de incertidumbre política y económica.