Una familia palestina fue deportada de Argentina tras ser retenida durante más de 24 horas en el aeropuerto internacional de Ezeiza, a pesar de contar con visas válidas y toda la documentación requerida. El hecho, ocurrido el 16 de junio, involucra a cinco integrantes de la familia Abu Farha, empresarios del sector turístico en Belén, quienes habían viajado al país por motivos turísticos y comerciales.

Según el testimonio de los afectados y sus representantes legales, la familia fue sometida a privación de comida, abrigo y medicamentos, y se les negó el acceso a asistencia legal y traducción durante su retención. “Nos trataron como criminales, no como seres humanos”, relató Sandy Abu Farha, una de las integrantes, en diálogo con medios argentinos. Los funcionarios de Migraciones les hicieron firmar documentos en español, sin traducción, que resultaron ser su propia deportación bajo la figura de “falsos turistas”.

El gobierno argentino confirmó la deportación, argumentando la existencia de una “alerta internacional” sobre uno de los miembros de la familia. Sin embargo, no se brindaron detalles sobre el origen ni el contenido de dicha alerta, y los abogados de la familia sostienen que la confusión de identidad fue aclarada y no justificaba la medida. “La confusión de identidad no puede justificar una privación ilegítima de libertad si la persona cuenta con documentación válida y cumple con los requisitos migratorios”, señalaron los letrados.

Organismos de derechos humanos y el Centro Islámico de la República Argentina repudiaron el accionar de las autoridades, calificándolo como una grave violación a los derechos humanos y al principio de no discriminación. El caso se produce en el contexto del endurecimiento de la política migratoria argentina, legitimada por el DNU 366/2025, y en medio de un alineamiento internacional con políticas restrictivas de Estados Unidos e Israel.

El episodio generó preocupación entre especialistas y organizaciones, que advierten sobre un retroceso en materia de derechos de migrantes y el riesgo de discriminación por nacionalidad o etnia. La familia, que nunca había enfrentado problemas migratorios en otros países, denunció el trato recibido y presentó acciones legales para que se investigue el accionar de las autoridades. El caso permanece bajo secreto de sumario y es objeto de seguimiento por parte de organismos nacionales e internacionales.