La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió de manera temporal la orden que obligaba al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park, en cumplimiento de una sentencia por US$16.100 millones derivada de la expropiación de la petrolera en 2012. Esta decisión judicial, tomada el martes, representa un alivio procesal para Argentina, que había recibido un ultimátum de 72 horas por parte de la jueza Loretta Preska, con el riesgo de ser declarada en desacato.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció su intención de respaldar a Argentina en la causa, presentándose como amicus curiae ante la Cámara de Apelaciones. El gobierno estadounidense argumenta que la entrega de las acciones de YPF violaría las normas de inmunidad soberana y sentaría un precedente peligroso para los activos estatales en jurisdicciones extranjeras. "La medida cautelar y la orden solicitadas por los demandantes que exigen a Argentina sobre su propiedad soberana ubicada en su propio territorio violaría leyes de inmunidad soberana y no debería ser concedida por la Corte", señala el escrito oficial.

La suspensión administrativa temporal permite a las partes presentar sus argumentos hasta el 22 de julio, tras lo cual la Cámara podrá decidir si prolonga la suspensión durante todo el proceso de apelación o restablece la orden de entrega. El tribunal no tiene plazo para pronunciarse, y los analistas consideran improbable una resolución definitiva antes de 2026. Mientras tanto, el caso sigue generando incertidumbre en los mercados financieros y preocupación por el impacto en futuras inversiones.

La expropiación de YPF, aprobada por el Congreso argentino en 2012, fue cuestionada por los fondos demandantes, que adquirieron derechos de litigio tras la quiebra de las empresas Petersen. El Estado argentino sostiene que la ejecución de la orden judicial obligaría a violar su propia legislación y perder el control sobre YPF de forma irreversible. Además, advierte que la transferencia inmediata podría afectar a terceros, como provincias y bonistas, y activar cláusulas contractuales adversas para la petrolera.

El gobierno argentino celebra el respaldo internacional y continúa buscando alianzas con otros países para fortalecer su defensa. Por su parte, los demandantes insisten en la ejecución del fallo y rechazan la suspensión. El proceso judicial, seguido de cerca por la comunidad internacional, pone en debate la soberanía nacional y la protección de los activos estatales frente a litigios en tribunales extranjeros. El desenlace de la causa será clave para el futuro de YPF y la reputación financiera de Argentina.