Un escándalo de corrupción ha salido a la luz en Rosario, donde 13 policías y 4 civiles han sido imputados por un esquema de sobrefacturación y cargas ficticias de combustible en patrulleros. Según la investigación liderada por el fiscal José Luis Caterina, el desfalco mensual asciende a 45 millones de pesos, afectando gravemente las arcas públicas de la provincia de Santa Fe.

El caso comenzó a investigarse en julio de 2024 tras una denuncia anónima. En agosto, se detectaron 85 patrulleros fuera de servicio que seguían registrando cargas de combustible. Los agentes utilizaban tarjetas Visa Flota para registrar cargas inexistentes o sobrefacturadas, y el dinero era retirado en efectivo de la estación de servicio Puma, ubicada en Ovidio Lagos al 3900, en Rosario. Entre los imputados se encuentran altos mandos policiales y empleados de la estación de servicio, quienes habrían actuado en complicidad para desviar los fondos.

La Unidad Regional II de Rosario ha sido intervenida como parte de las medidas adoptadas por el gobierno provincial. Además, varios policías de alto rango han sido desplazados de sus cargos. Durante los allanamientos, se encontraron posnets, tarjetas Visa Flota y documentación manipulada en los domicilios de los acusados, lo que refuerza las acusaciones de corrupción.

El fiscal Caterina ha solicitado la prisión preventiva para 16 de los 17 imputados, mientras que la investigación sigue en curso. "Las pruebas son contundentes: GPS, intervenciones telefónicas y registros fotográficos demuestran la participación de los acusados en este esquema de corrupción", afirmó Caterina durante la audiencia.

Este caso ha generado indignación en la sociedad y ha puesto en evidencia fallas sistémicas en el control de recursos públicos destinados a la seguridad. Organizaciones civiles y políticas han exigido mayor transparencia y medidas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Se espera que el análisis de los celulares incautados pueda arrojar más información y ampliar el número de imputados.

El impacto de este caso trasciende lo económico, ya que pone en tela de juicio la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública. La intervención de la Unidad Regional II y las medidas adoptadas por el gobierno provincial son solo el comienzo de un proceso que busca esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.