El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) otorgó a Cristina Fernández de Kirchner el beneficio de la prisión domiciliaria para cumplir su condena de seis años por corrupción en la causa Vialidad. La decisión, comunicada por videollamada y notificada en su domicilio de la calle San José, en el barrio porteño de Constitución, incluye condiciones estrictas: la exmandataria deberá portar una tobillera electrónica, tendrá restringidas las visitas y no podrá salir al balcón ni abandonar su domicilio salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas.

Según la resolución, solo familiares directos, abogados, médicos y custodios podrán ingresar a la vivienda sin autorización judicial. Cualquier otra visita requerirá el permiso expreso del tribunal. Además, la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal supervisará el cumplimiento de las condiciones, presentando informes trimestrales sobre el acatamiento de las reglas impuestas.

El tribunal fundamentó la medida en la necesidad de garantizar la seguridad de la ex presidenta, especialmente tras el atentado que sufrió en 2022, y en la dificultad de proteger su integridad en un establecimiento penitenciario sin recurrir a un aislamiento incompatible con los derechos humanos. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían solicitado que Kirchner cumpliera la condena en una cárcel común, pero el TOF2 consideró que la prisión domiciliaria era la única vía compatible con el respeto a los derechos fundamentales.

La defensa de Cristina Kirchner anunció que apelará las restricciones, argumentando que son más severas que las impuestas en otros casos similares, incluso a condenados por delitos de lesa humanidad. Sectores del kirchnerismo interpretan las condiciones como un intento de limitar la actividad política de la exmandataria y denuncian una nueva forma de proscripción.

Mientras tanto, el Gobierno nacional evitó pronunciarse oficialmente sobre el fallo y mantuvo su agenda institucional, aunque dispuso un operativo especial de seguridad ante las movilizaciones convocadas en apoyo a la ex presidenta. La Casa Rosada fue vallada y el Ministerio de Seguridad monitorea de cerca las protestas para evitar incidentes.

El caso reaviva el debate sobre la judicialización de la política en Argentina y las garantías procesales para ex funcionarios. La resolución del TOF2 marca un precedente por la severidad de las restricciones y anticipa una nueva etapa de tensión política y judicial en el país.