La pobreza en Argentina descendió al 31,6% en el primer semestre de 2025, según el informe oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este dato representa una baja de 21,3 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024, cuando la crisis económica y el cambio de gobierno habían elevado la pobreza a niveles récord. El Gobierno nacional celebró la reducción, atribuyéndola a políticas económicas que incluyeron la desaceleración de la inflación y el aumento de transferencias directas a los sectores más vulnerables.

La indigencia también mostró una caída significativa, ubicándose en el 6,9%, lo que equivale a 3,2 millones de personas. El informe oficial destaca que el ingreso promedio de los hogares pobres fue de $671.492, frente a una canasta básica total de $1.065.691, mientras que los hogares indigentes tuvieron ingresos promedio de $281.313, por debajo de la canasta alimentaria de $452.742. El descenso de la pobreza se explica, en parte, por el aumento de los ingresos a un ritmo superior al de los precios de los productos básicos.

Sin embargo, técnicos del INDEC y economistas advierten sobre limitaciones metodológicas en la medición, ya que se basa en una encuesta de gastos de 2004, lo que podría subestimar el peso de servicios y transporte en el consumo actual. El Centro de Economía Política de Argentina (CEPA) y la Junta Interna de ATE INDEC señalan que la estructura de consumo de los hogares ha cambiado y que la medición oficial podría no reflejar adecuadamente la realidad de muchas familias.

En los barrios más vulnerables, referentes sociales como el sacerdote Mariano Oberlin en Córdoba afirman que no perciben una mejora tangible y que cada vez más personas solicitan ayuda alimentaria. Encuestas recientes muestran que, aunque menos personas son pobres por ingresos, una proporción significativa de argentinos sigue sin llegar a fin de mes y realiza sacrificios en consumo, como resignar ocio, ropa y vacaciones.

El debate sobre la pobreza en Argentina continúa, con posturas encontradas entre el Gobierno, técnicos y referentes sociales. Mientras el dato oficial marca una mejora, persisten desafíos estructurales y una pérdida de bienestar real que afecta a amplios sectores de la población. La discusión sobre la actualización de la metodología y la calidad de vida sigue vigente, en un contexto de ajuste fiscal y recuperación económica.