La muerte de Ángel López, un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, generó conmoción y abrió un intenso debate sobre el accionar judicial y la protección de la infancia. Ángel falleció el pasado domingo tras ser internado en el Hospital Regional con lesiones en la cabeza, según confirmaron fuentes judiciales y médicas. La autopsia reveló traumatismos craneales, aunque aún se esperan los resultados de estudios complementarios para determinar si se trató de un accidente, una patología previa o un homicidio.

La investigación se centra en la madre biológica de Ángel, Mariela Altamirano, y su pareja, quienes están imputados y bajo control policial para evitar que abandonen la ciudad. El fiscal Cristian Olazábal explicó que ambos son los principales sospechosos y que la causa se investiga como una muerte “dudosa, potencialmente ilícita”. “Dependemos del informe de laboratorio para saber la causa de muerte precisa”, indicó.

El caso tiene como trasfondo una prolongada disputa judicial por la tenencia del menor. Tras denuncias cruzadas de violencia entre los padres, el juez Pablo Pérez resolvió restituir la tenencia a la madre, decisión que hoy es fuertemente cuestionada. El padre de Ángel, Luis López, y su pareja, Lorena Andrade, sostienen que la Justicia desoyó sus advertencias sobre el riesgo que corría el niño. “A mi hijo lo mataron”, declaró López, mientras que Andrade denunció irregularidades en el proceso y falta de escucha por parte de los equipos técnicos.

Por su parte, la madre biológica negó las acusaciones y aseguró que siempre buscó proteger a su hijo. “Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué”, afirmó Altamirano. La investigación también reveló antecedentes de violencia familiar: el padre de Ángel había sido denunciado en tres oportunidades por maltrato y estuvo detenido, lo que influyó en la decisión judicial de cambiar la tenencia.

La fiscalía continúa analizando celulares y recolectando testimonios para reconstruir los hechos. Mientras tanto, la comunidad de Comodoro Rivadavia se movilizó con una marcha para exigir justicia y el esclarecimiento del caso. El expediente del fuero de familia fue anexado al penal, y las autoridades insisten en que no existían alertas activas de riesgo en el ámbito penal antes del trágico desenlace. El caso sigue en investigación y se esperan definiciones clave en los próximos días.