Una fuerte polémica se desató en la localidad bonaerense de Loma Hermosa tras el discurso de la inspectora regional María Escobar durante el acto por el Día de la Independencia en la Escuela Secundaria N° 32. El evento, realizado el 8 de julio, fue escenario de un mensaje en el que la funcionaria criticó las políticas educativas nacionales y defendió la postura del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

En su intervención, Escobar sostuvo: “Yo vengo hoy aquí a traer la palabra de la provincia de Buenos Aires, a traer la palabra del gobernador. ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo llegamos ciento diez años después a este momento? Nosotros entendemos que es muy difícil hablar de libertad, de soberanía y de independencia en estos tiempos sin una reflexión crítica”. Además, la inspectora cuestionó el "desfinanciamiento" de la educación y la falta de condiciones dignas para docentes, afirmando que "no existe la escuela neutral" y que la independencia se construye con compromiso y reflexión.

El discurso fue grabado por los presentes y rápidamente difundido, generando reacciones inmediatas. Daniela Reich, secretaria de Capital Humano del municipio, calificó el hecho como “desagradable, inoportuno y desubicado”, y responsabilizó al gobernador bonaerense por lo ocurrido. “Fue irrespetuoso lo que se vivió en la vereda de la escuela. Hago responsable al gobernador de la provincia de Buenos Aires por esta situación”, expresó Reich, quien además señaló que se evalúa presentar una denuncia por incumplimiento de la normativa docente.

El exintendente Diego Valenzuela también repudió el discurso, afirmando que la escuela "debe ser neutral" y que el acto patrio "es de todos los argentinos". Por su parte, desde el sector provincial se defendió la necesidad de una "reflexión crítica" en la educación, argumentando que el contexto actual requiere compromiso y debate.

El episodio reavivó el debate sobre la neutralidad en la educación pública y el límite entre formación ciudadana y adoctrinamiento político, en un contexto de tensiones entre los gobiernos nacional y provincial por las políticas educativas y el financiamiento del sector. Las autoridades municipales y parte de la comunidad educativa exigen sanciones, mientras que el hecho sigue generando repercusiones en el ámbito político y social.