La llegada de ayuda nacional para las familias afectadas por las inundaciones en Tucumán ha desatado una fuerte controversia entre funcionarios provinciales y diputados nacionales. El Ministerio de Capital Humano de la Nación anunció que puso a disposición insumos equivalentes a cinco camiones, provenientes de materiales incautados por la Aduana, para asistir a los damnificados por el temporal. Estos recursos se encuentran actualmente en Buenos Aires y, según el procedimiento administrativo, corresponde a la Provincia gestionar su traslado.

El ministro de Desarrollo Social de Tucumán, Federico Masso, aseguró que desde el miércoles se están realizando las gestiones necesarias para concretar el traslado de la ayuda, que podría llegar a la provincia durante el fin de semana o, a más tardar, el lunes. Masso enfatizó que "no es momento para hacer política ni para sacar provecho con una mentira cuando hay decenas de miles de tucumanos atravesando una situación difícil". Además, detalló que la coordinación se realiza en conjunto con el Ministerio de Capital Humano y que la donación será destinada exclusivamente a las familias afectadas.

Sin embargo, los diputados nacionales Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo, de La Libertad Avanza, acusaron al gobierno provincial de demorar la llegada de la ayuda. Huesen expresó en redes sociales que "la donación está. Lo que usted tiene que hacer es poner a disposición la logística porque en el procedimiento administrativo esa es su responsabilidad. En definitiva, usted, además de mentiroso, es un inoperante".

Mientras tanto, organismos nacionales como Gendarmería y Vialidad Nacional continúan trabajando en las zonas afectadas, realizando patrullajes, tareas de seguridad vial y asistencia a las familias evacuadas. Se reportan cortes y daños en varias rutas, con más de 70 familias evacuadas en Banda de Río Salí y rescates en La Madrid. La situación sigue siendo crítica en distintas localidades, donde se mantiene la asistencia y la reconstrucción de infraestructura dañada.

El trasfondo de la polémica refleja la tensión política en medio de una emergencia social, donde la coordinación y la rapidez en la entrega de ayuda resultan fundamentales para los afectados. Las autoridades nacionales y provinciales coinciden en la necesidad de asistencia, aunque discrepan sobre la responsabilidad y la eficiencia en la gestión logística.