Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y senadora electa, presentó ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados los principales lineamientos de la reforma del Código Penal y el balance de su gestión, en el marco del debate por el Presupuesto 2026. La funcionaria defendió la iniciativa del gobierno de Javier Milei, que busca endurecer las penas para delitos contra la propiedad y crímenes violentos, ejemplificando con sanciones de hasta 12 años de prisión por robo de celular. Además, anticipó que el proyecto contempla la imprescriptibilidad de delitos graves como abuso sexual infantil, homicidio, trata de personas y narcotráfico, y la baja de la edad de imputabilidad a 14 años.

Bullrich destacó que el presupuesto para seguridad supera los $7,8 billones, con incrementos significativos en tecnología, aviación y lucha contra el narcotráfico. Subrayó la importancia de la inversión en equipamiento y digitalización de las fuerzas, así como la implementación de leyes como la "Ley Antibarras" y nuevas normativas contra la violencia de género. "El que las hace, las paga no es un lema de campaña, es el corazón de nuestra gestión", afirmó la ministra, quien también reconoció fallas en el sistema de seguridad, como el ingreso del vicepresidente de Irán, aunque negó responsabilidad directa de su cartera.

El debate parlamentario se anticipa extenso y polarizado, con la oposición del kirchnerismo y sectores de izquierda, que rechazan el endurecimiento de penas y la baja de imputabilidad. Organismos de derechos humanos y medios críticos denunciaron más de 1.300 heridos en manifestaciones reprimidas por las fuerzas de seguridad, así como la falta de autocrítica por parte de Bullrich ante estos hechos. La ministra defendió el protocolo antipiquetes y la prioridad del orden público, asegurando que "se acabaron los piquetes" y que las fuerzas actuarán ante hechos de violencia en protestas.

El contexto político está marcado por el reciente triunfo electoral del oficialismo, que busca consolidar su agenda de reformas en seguridad y justicia. Sin embargo, las críticas por el aumento de la represión y la falta de consenso en el Congreso auguran un debate intenso, con implicancias para la agenda política y social del país. El tratamiento de la reforma del Código Penal y las políticas de seguridad será uno de los ejes centrales en la próxima etapa legislativa.