El conflicto por la compra de tierras en Lavalle, Mendoza, que involucra al cantante Abel Pintos y su socio Marcelo González, culminó con el desalojo de la familia Angulo-Ferreira. Este caso, que expone una compleja disputa legal y social, afecta a más de 30 familias en la región.

Abel Pintos y su socio adquirieron 93 hectáreas en el distrito de San Francisco, Lavalle, con el objetivo de desarrollar un emprendimiento agrícola. Sin embargo, la familia Angulo-Ferreira había comprado de buena fe un lote de 1.500 m² en el mismo terreno, utilizando una indemnización laboral. La transacción fue realizada con Ricardo Morales, quien no era el propietario legal de las tierras, lo que derivó en una acusación de usurpación y el posterior desalojo.

El desalojo se llevó a cabo el pasado 28 de mayo, tras meses de litigio. La familia, compuesta por Alberto "Tito" Angulo, Yésica Ferreira y sus cuatro hijos, tuvo que abandonar su vivienda y trasladarse a un lote prestado por un amigo en La Pega. La Municipalidad de Lavalle ofreció un terreno alternativo, pero la familia lo rechazó al no poder trasladar sus animales terapéuticos, esenciales para el tratamiento de uno de sus hijos con discapacidad.

El terreno en disputa había sido parte de una quiebra empresarial y pasó a manos del banco HSBC antes de ser vendido a Pintos y González. Ricardo Morales, quien vendió el lote a la familia Angulo-Ferreira, había ejercido derechos posesorios sobre las tierras durante 20 años, pero no contaba con registros legales que avalaran su propiedad.

La situación refleja un problema recurrente de doble venta de tierras en la región, afectando a más de 30 familias. Organizaciones locales y vecinos han iniciado colectas solidarias para ayudar a la familia desalojada, que ahora enfrenta una situación de vulnerabilidad extrema.

Abel Pintos y su socio decidieron no continuar con la querella criminal tras recuperar el terreno, pero el caso ha generado debate sobre la gestión de conflictos de tierras y la protección de familias vulnerables. La familia Angulo-Ferreira, por su parte, busca reconstruir su vida en un nuevo terreno, mientras denuncia la falta de empatía por parte del Estado y los nuevos propietarios.

Este caso pone de manifiesto la necesidad de abordar de manera integral los conflictos de tierras en la región, garantizando soluciones justas y respetuosas para todas las partes involucradas.