Las universidades públicas argentinas atraviesan una semana de paro total de actividades, impulsada por los principales gremios docentes y no docentes en reclamo de una recomposición salarial y mayor financiamiento. La medida, que comenzó el lunes 16 de marzo y se extenderá hasta el sábado 21, afecta a más de dos millones de estudiantes en todo el país y marca el inicio de un ciclo lectivo signado por la conflictividad.

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales, integrado por federaciones como Conadu, Fedun, Fagdut, Fatun y CTERA, decidió profundizar el plan de lucha ante la falta de acuerdo con el Gobierno nacional. Los gremios exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en 2025, que establece la actualización automática de salarios y becas conforme a la inflación. Sin embargo, el Ejecutivo suspendió la aplicación de la norma y propuso un aumento del 12,3% en cuotas, muy por debajo del 51% requerido por la ley y la inflación proyectada para 2026.

La protesta se manifiesta en distintas ciudades con marchas, clases públicas y cortes de calle. En La Plata, la comunidad universitaria organizó una marcha de antorchas para visibilizar el reclamo, mientras que en Córdoba se realizaron clases públicas y protestas de médicos residentes en hospitales universitarios. Los sindicatos advierten que el ciclo lectivo no podrá desarrollarse con normalidad mientras persista el conflicto salarial y presupuestario.

El ajuste presupuestario implementado por el Gobierno redujo en casi un 29% los fondos destinados a la educación superior entre 2023 y 2025, según datos oficiales. Los salarios docentes y no docentes sufrieron una caída de entre 34% y 40% en los últimos dos años, lo que ha generado un fuerte malestar en la comunidad universitaria. La mayoría de los trabajadores percibe sueldos por debajo de la línea de pobreza, de acuerdo con informes gremiales y del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El conflicto se enmarca en la judicialización de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación fue ordenada por la Justicia pero sigue siendo resistida por el Ejecutivo. El Gobierno presentó un proyecto alternativo que elimina la actualización mensual por inflación y reduce partidas para becas y ciencia, lo que ha sido rechazado por los gremios y parte de los rectores. Mientras tanto, se prevén nuevas medidas de fuerza y una posible marcha federal universitaria en las próximas semanas, en un escenario de creciente tensión y movilización social.