El conflicto por el cierre de la planta de FATE en San Fernando escaló en las últimas horas, luego de que la empresa anunciara el cese de operaciones y el despido de 920 empleados. La medida coincidió con la víspera del debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados y el paro general convocado por la CGT, lo que generó suspicacias en el Gobierno sobre las motivaciones detrás del anuncio.

El presidente Javier Milei y funcionarios de la Casa Rosada expresaron su malestar, sugiriendo que el cierre podría tener fines desestabilizadores. "De Madanes todo es oscuro", resumió un funcionario, mientras que el propio Milei deslizó críticas en redes sociales. Paralelamente, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, obligando a la empresa a reabrir la planta y reincorporar temporalmente a los trabajadores por 15 días, mientras se desarrollan negociaciones.

La empresa, propiedad de Javier Madanes Quintanilla, acató la medida, aunque fuentes cercanas señalaron que la reapertura es solo una formalidad y que la decisión de cierre es definitiva. Durante el plazo de conciliación, la producción será mínima, utilizando el stock remanente y sin nuevas compras de insumos. El sindicato SUTNA mantiene la toma de la planta y se esperan nuevas instancias de diálogo.

El trasfondo del conflicto incluye una crisis prolongada en la industria del neumático, agravada por la apertura comercial, la baja de aranceles a la importación (del 35% al 16%) y una presión impositiva considerada excesiva por empresarios y analistas. En 2025, el 75% de los neumáticos vendidos en el país fueron importados, principalmente desde China, lo que llevó a una caída de la producción local y a una competencia considerada desleal por el sector.

Analistas y empresarios señalan que la carga tributaria provincial y municipal, sumada a la falta de incentivos y a la presión sindical, dificultan la supervivencia de la industria nacional. El caso de FATE se suma a una tendencia de reducción de la producción y ajustes de personal en otras empresas del sector. Si el cierre se concreta, solo quedarán dos fabricantes locales: Pirelli y Bridgestone/Firestone.

El Gobierno, por su parte, busca ganar tiempo con la conciliación obligatoria, mientras enfrenta críticas por la falta de políticas de protección industrial. El desenlace del conflicto podría marcar un punto de inflexión para la industria manufacturera argentina, en un contexto de reformas estructurales y tensiones sociales.