El gobierno de Javier Milei presentó este jueves un paquete de medidas económicas denominado "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos", con el objetivo de flexibilizar el uso de dólares no declarados y reducir la carga administrativa para los contribuyentes. El anuncio fue realizado en la Casa Rosada por el vocero presidencial Manuel Adorni, acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo.

Entre las principales disposiciones, se destacan la eliminación de regímenes informativos que obligaban a reportar compras con tarjetas de crédito, servicios públicos y bienes inmuebles. Además, se elevaron los umbrales para reportar transferencias bancarias y extracciones en efectivo, que ahora serán de $50 millones y $10 millones, respectivamente. Según explicó Pazo, estas medidas buscan "simplificar la vida del ciudadano y reducir los costos asociados a la burocracia".

El gobierno estima que los argentinos tienen entre 240.000 y 300.000 millones de dólares fuera del sistema formal y espera que estas medidas incentiven su ingreso a la economía. "Lo tuyo es tuyo y podés gastarlo como quieras", afirmó Adorni durante la conferencia de prensa, subrayando que el objetivo es devolver la libertad financiera a los ciudadanos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó las medidas, pero advirtió que deben ser coherentes con las normas internacionales de transparencia y prevención del lavado de dinero. "Las autoridades argentinas se han comprometido a fortalecer la transparencia financiera y alinear el marco antilavado con los estándares internacionales", señaló la portavoz del organismo, Julie Kozack.

Sin embargo, las medidas han generado críticas y dudas. Economistas y analistas cuestionaron la falta de un marco legal claro que garantice a los contribuyentes que formalicen sus ahorros que no serán objeto de fiscalizaciones futuras. Desde la oposición y sectores sindicales también se expresaron preocupaciones sobre el impacto de estas políticas en la equidad fiscal y la lucha contra la evasión.

El gobierno planea enviar al Congreso proyectos de ley para complementar estas disposiciones y brindar mayores garantías legales. Mientras tanto, las medidas anunciadas comenzarán a regir a partir del 1 de junio, marcando un cambio significativo en la política económica del país.