El presidente Javier Milei enfrenta una crisis política tras la difusión de audios que involucran a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en presuntas maniobras de corrupción. Los audios, publicados por el canal Carnaval, sugieren irregularidades en la compra de medicamentos y mencionan a funcionarios cercanos al mandatario, como Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem.

En respuesta, Milei anunció públicamente su intención de denunciar a Spagnuolo por calumnias e injurias, aunque fuentes oficiales reconocen que aún no existe una formulación legal concreta para avanzar. "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira y lo vamos a llevar a la Justicia", afirmó el Presidente durante una caravana de campaña en Lomas de Zamora, donde también sufrió agresiones por parte de manifestantes.

El Gobierno sostiene que el escándalo es una "opereta" orquestada por la oposición en el contexto de la campaña electoral bonaerense. "La opereta de esta semana no es más que otro artilugio de la casta. Y una nueva mentira. Dependerá de la Justicia esclarecerla y nos encontramos a su disposición", expresó Milei ante empresarios en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

Mientras tanto, se inició una auditoría interna en ANDIS y se designó un nuevo interventor para investigar posibles anomalías en la gestión. Un primer informe reveló diferencias de precios en la compra de medicamentos, aunque el Gobierno relativizó la importancia de este dato y señaló que no constituye una prueba concluyente.

En la Casa Rosada, el equipo presidencial sigue de cerca la investigación judicial, liderada por el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello. Hasta el momento, no existen imputaciones firmes ni pruebas contundentes contra los funcionarios mencionados en los audios. El Gobierno evita interferir en la causa y espera que la Justicia actúe con independencia.

El caso ha generado un clima de tensión política, con el oficialismo intentando minimizar el impacto en la campaña y la oposición exigiendo respuestas claras. Sectores sociales, especialmente vinculados a la discapacidad, han manifestado su preocupación por el ajuste y la falta de transparencia. La investigación sigue abierta y se espera que en los próximos días se conozcan nuevos datos que permitan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.