La provincia de Santa Cruz atraviesa una fuerte tensión tras el inicio de una protesta salarial por parte de policías autoconvocados y personal del Servicio Penitenciario. La medida, que incluye acampes, quites de colaboración y manifestaciones en distintas localidades, se intensificó en los últimos días ante la exclusión de los autoconvocados de la Mesa del Salario, convocada oficialmente para el 10 de junio.

El gobernador Claudio Vidal reconoció la legitimidad del reclamo y aseguró que la situación económica provincial impide otorgar aumentos salariales inmediatos. "Entiendo perfectamente el reclamo, pero hoy no contamos con los recursos", afirmó Vidal en un mensaje difundido en redes sociales, donde también responsabilizó a la oposición por trabas en la autorización de endeudamiento internacional. El mandatario destacó que su gestión mantuvo recomposiciones salariales por encima de la inflación en años anteriores y reiteró el compromiso de diálogo permanente.

Mientras tanto, el Gobierno nacional dispuso el refuerzo de la seguridad en la provincia mediante la conformación de un Comando Unificado, integrado por fuerzas federales como Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, para garantizar la cobertura de tareas policiales durante la protesta. La medida fue legitimada por la Regional Zona Norte de la Policía de Santa Cruz, que instó a la comunidad a comunicarse al 911 ante emergencias.

El conflicto tiene antecedentes desde febrero, cuando los autoconvocados comenzaron a reclamar participación directa en las negociaciones salariales. Tras reunir 1.752 avales y presentarlos ante el Ministerio de Trabajo, el sector no fue notificado para integrar la mesa de discusión, lo que encendió el malestar y derivó en la actual escalada de protestas. Voceros del sector advierten que la modalidad de protesta podría profundizarse si no se logra una instancia de diálogo efectiva.

En paralelo, el gobierno provincial anunció cambios en la administración de fondos provenientes de infracciones viales, que ahora serán destinados a equipamiento y salarios policiales, y la creación de un nuevo "ítem de operatividad" en los haberes del personal. Sin embargo, persisten las diferencias internas en la fuerza y cuestionamientos sobre la representatividad de algunos referentes del reclamo.

El desenlace del conflicto dependerá de la apertura de la Mesa del Salario y de la capacidad de las partes para alcanzar acuerdos que permitan restablecer la normalidad en la seguridad y la administración pública provincial.