En un operativo realizado en Resistencia, Chaco, la Justicia Federal detuvo a Fernando Adrián Ayala, acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero y la evasión fiscal mediante el uso de facturas falsas. La detención fue ordenada por la jueza Zunilda Niremperger a pedido del fiscal federal Patricio Sabadini, quien argumentó el riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Ayala, junto con Walter Pasko, contador y presunto co-líder de la organización, está procesado por evadir más de 150 millones de pesos a través de un entramado de cooperativas y fundaciones vinculadas al Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP). Según la investigación, estas entidades recibieron transferencias millonarias de fondos públicos sin contraprestación real, que luego eran retirados en efectivo y utilizados para operaciones de lavado.

La causa, iniciada en 2022, se fortaleció con pruebas obtenidas de videos de cámaras de seguridad instaladas en el domicilio de Ayala. En estas grabaciones, se lo observa contando grandes sumas de dinero en efectivo, en ocasiones con la participación de menores de edad, presuntamente sus hijos. En uno de los videos, Ayala y su familia fueron captados llevando valijas a Brasil, lo que se presume fue un intento de ocultar dinero ilícito.

Durante los allanamientos, realizados en tres domicilios de Resistencia, se secuestraron armas, municiones, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, libros contables y documentación societaria. También se incautaron vehículos que habrían sido adquiridos con fondos provenientes de actividades ilícitas.

El caso tiene implicaciones políticas, ya que involucra a figuras como Mauro Andión, ex titular del IAFEP, y Ramón "Tito" López, un dirigente piquetero detenido por presunto lavado de dinero. Ambos están relacionados con la red de corrupción que operaba durante la gestión de Jorge Capitanich en Chaco.

El fiscal Sabadini subrayó la "soltura" con la que los acusados manejaban grandes volúmenes de dinero en efectivo, lo que refuerza la hipótesis de una estructura organizada para el lavado de activos. Además, destacó el peligro procesal que representan los imputados, quienes podrían ocultar pruebas o evadir la justicia.

Este caso ha generado un fuerte impacto en la opinión pública, no solo por las sumas millonarias involucradas, sino también por el uso de menores en actividades ilícitas. Se espera que el proceso avance hacia un juicio oral, donde podrían revelarse más detalles sobre la red de corrupción y sus conexiones políticas en la provincia.