El trágico fallecimiento de Thiago Correa, un niño de siete años que fue baleado en la cabeza durante un tiroteo entre un policía federal y cuatro delincuentes en La Matanza, ha generado conmoción y debate en la sociedad argentina. El hecho ocurrió el miércoles por la noche, cuando Thiago esperaba el colectivo junto a su padre en la intersección de Crovara y Madrid, Ciudad Evita. En ese momento, un agente de la Policía Federal Argentina, Facundo Aguilar Fajardo, de 21 años, fue abordado por cuatro jóvenes armados que intentaron asaltarlo. El policía, que estaba de civil y fuera de servicio, se identificó, extrajo su arma reglamentaria y disparó once veces, matando a uno de los asaltantes e hiriendo a otros dos. Una de las balas recorrió casi 200 metros e impactó en la cabeza de Thiago, quien fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños de San Justo, donde falleció tras permanecer internado con muerte cerebral.

El padre de Thiago, visiblemente afectado, expresó ante la prensa: “Necesito justicia por Thiago, por favor. Esto se tiene que pagar como tiene que ser”. La madre del niño también pidió el esclarecimiento de los hechos y sanciones para los responsables. El caso fue caratulado inicialmente como "exceso en la legítima defensa" por el fiscal Diego Rulli, quien ordenó la detención del policía involucrado. La investigación determinó que todos los disparos provinieron del arma del agente y que el arma secuestrada a los asaltantes no estaba apta para disparar.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió públicamente al policía y responsabilizó a los delincuentes por la tragedia: “Si no hubieran salido a robar, hoy no habría ninguna familia destruida. Tienen que pagar con prisión perpetua”. Por su parte, el gobernador Axel Kicillof lamentó la muerte de Thiago y subrayó la necesidad de fortalecer las políticas de seguridad y la presencia del Estado para evitar hechos similares.

El caso reavivó el debate sobre la "Doctrina Chocobar" y el uso de armas reglamentarias por parte de policías fuera de servicio. Organizaciones de derechos humanos y familiares de la víctima cuestionaron el accionar policial y reclamaron reformas para limitar el uso de armas fuera del horario laboral. El Ministerio de Seguridad anunció que buscará cambiar la carátula del caso para que los asaltantes sean considerados responsables del homicidio del niño, lo que ha generado controversia jurídica y política.

La muerte de Thiago Correa deja al descubierto profundas tensiones en torno a la seguridad, el accionar policial y la protección de los derechos humanos, y plantea la necesidad de un debate serio sobre el uso de la fuerza y la prevención del delito en la Argentina.