El 3 de junio, en la Unidad Penitenciaria N°51 de Magdalena, provincia de Buenos Aires, cinco mujeres privadas de libertad denunciaron haber sido víctimas de torturas y abusos sexuales por parte de agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Los hechos, que habrían ocurrido tras una pelea entre internas, incluyeron golpes, asfixia, uso de gas pimienta, humillaciones y, en dos casos, agresiones sexuales.

Según los testimonios recogidos por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), las mujeres fueron obligadas a desnudarse frente a personal masculino y sometidas a distintos tipos de violencia física y psicológica. Una de las víctimas relató que fue llevada a una celda de aislamiento, donde sufrió la práctica conocida como “submarino húmedo”, además de golpes y abusos sexuales. Otra denunció haber sido arrastrada, golpeada y abusada sexualmente en un aula del penal. Las detenidas coincidieron en que permanecieron horas esposadas, sin acceso a agua ni alimentos, y que sus pertenencias fueron destruidas durante los traslados.

La CPM, que actúa como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, constató lesiones compatibles con los relatos y denunció omisiones en los informes médicos realizados por el personal de la cárcel. El organismo exigió pericias médicas y psicológicas, la preservación de grabaciones de cámaras de seguridad y la protección de las víctimas.

En respuesta, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia separó preventivamente a diez agentes penitenciarios, incluyendo autoridades jerárquicas y miembros del Grupo de Intervención Especial (GIE). Además, la Cámara de Apelaciones de La Plata reconoció a la CPM como Particular Damnificado Institucional, permitiendo su participación activa en la investigación.

El caso, ocurrido el mismo día de la movilización nacional “Ni Una Menos”, reavivó el debate sobre la violencia institucional en cárceles argentinas y la necesidad de reformas estructurales. Organismos de derechos humanos y la CPM exigen sanciones ejemplares y medidas de protección para las víctimas, mientras la investigación judicial continúa para determinar responsabilidades y evitar nuevos episodios de violencia.