El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dispuso la intervención del municipio de Juan Bautista Alberdi luego de la difusión de un audio que involucra al intendente Luis Campos en presuntos vínculos con el narcotráfico y otros delitos. La medida, adoptada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, desplazó a Campos de su cargo y designó como interventor a Guillermo Norry, quien tendrá la responsabilidad de restablecer el orden administrativo y preparar el municipio para elecciones el próximo 26 de octubre.

La crisis institucional se precipitó tras la viralización de una conversación telefónica entre Campos y el empresario Roque Giménez, en la que se discuten temas relacionados con el narcotráfico y un robo millonario. En el audio, Giménez reclama a Campos por la falta de acción ante el narcomenudeo y lo acusa de defender a personas vinculadas a actividades ilícitas. Campos reconoció públicamente que su voz es la que aparece en la grabación, aunque negó cualquier implicación en delitos y cuestionó la legalidad de la grabación.

El gobernador Jaldo fundamentó la intervención en el artículo 139 de la Constitución provincial, que habilita al Ejecutivo a tomar el control de gobiernos municipales ante situaciones de grave desorden institucional. "No vamos a permitir que en Tucumán funcionarios ni políticos estén ligados con la droga. Van a ir presos y el que tenga responsabilidad institucional lo vamos a intervenir", afirmó Jaldo en conferencia de prensa.

Durante la madrugada, fuerzas de seguridad realizaron allanamientos en domicilios de Campos, Giménez y oficinas municipales, incautando teléfonos, documentación y otros elementos de interés para la investigación judicial. Paralelamente, se incautó un pan de cocaína en la ciudad, lo que reforzó la decisión del Ejecutivo provincial.

El interventor Norry, contador y exfuncionario del Instituto de Previsión, dejó sin efecto el organigrama municipal y garantizó la continuidad de los empleados. El proceso de intervención requiere la aprobación de la Legislatura para convertirse en ley, mientras la administración de Norry se enfoca en restablecer la normalidad institucional y preparar el terreno para las elecciones.

El caso ha generado un fuerte impacto en la provincia, donde la lucha contra el narcotráfico es una de las políticas centrales del gobierno. La sociedad local y las autoridades provinciales exigen transparencia y el esclarecimiento de los hechos, mientras la investigación judicial avanza.