El Gobierno argentino ha decidido endurecer los controles aduaneros para la importación de ropa usada, en respuesta a un crecimiento exponencial de estas operaciones durante 2025 y a las advertencias sobre riesgos sanitarios y ambientales. Desde el 15 de diciembre, los importadores deberán presentar un nuevo documento denominado AUTO-ROPA-USADA, además del certificado de desinfección habitual, para las posiciones arancelarias 6309.00.10 y 6309.00.90. Esta medida, impulsada por la Subsecretaría de Comercio Exterior y la Subsecretaría de Política Industrial, busca restringir el ingreso de ropa usada sin llegar a prohibirlo, en línea con la política comercial del actual gobierno.

Según datos de la Fundación ProTejer, las importaciones de ropa usada aumentaron 40 veces en los primeros ocho meses de 2025 respecto a todo 2024, alcanzando los 3,5 millones de kilos y representando más del 11% del valor total de la ropa importada en el país. El 84% de estas prendas ingresa por la Aduana de Jujuy, principalmente desde Chile, que actúa como nodo logístico para ropa de descarte proveniente de Estados Unidos.

El Ministerio de Salud emitió un informe advirtiendo sobre los riesgos sanitarios asociados a la importación de ropa usada, especialmente para bebés, niños, ancianos y personas inmunocomprometidas. Además, el sector industrial local, que opera con solo el 33% de su capacidad instalada y ha perdido 14.000 empleos desde noviembre de 2023, manifestó su preocupación por la competencia desleal y el impacto ambiental del descarte de prendas en malas condiciones.

Comerciantes formales también expresaron su malestar por la competencia de las ferias americanas, señalando la evasión impositiva y la desigualdad frente a quienes cumplen con las obligaciones fiscales. Desde la Fundación ProTejer, se reclamó la prohibición total de la importación de ropa usada, argumentando que "Argentina se está convirtiendo en un destino de residuos textiles globales".

La nueva regulación se enmarca en un contexto de crisis para la industria textil argentina, afectada por la caída del mercado interno, la apertura comercial y una alta carga impositiva. El Gobierno, por su parte, busca equilibrar la protección de la salud pública y el ambiente con la necesidad de mantener una política comercial abierta, optando por controles más estrictos en lugar de una prohibición total.