El 17 de junio, un grupo de militantes fue acusado de realizar un escrache en la vivienda del diputado nacional José Luis Espert, ubicada en San Isidro. Según la investigación, los involucrados arrojaron bolsas de estiércol y colgaron un pasacalle con amenazas en la puerta del domicilio. Las cámaras de seguridad municipales registraron la secuencia, permitiendo identificar los vehículos utilizados y a varios de los presuntos participantes.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado lideró la investigación, que incluyó allanamientos en distintas localidades del conurbano bonaerense, como Quilmes, Florida, Villa Martelli e Ingeniero Maschwitz. Entre los detenidos se encuentran la concejala de Quilmes Eva Mieri, la funcionaria provincial Alexia Abaigar y otros militantes vinculados a organizaciones políticas. Algunos de los arrestados recibieron prisión domiciliaria, mientras que otros fueron liberados tras ser exculpados.

La detención de los militantes generó una fuerte reacción política. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un mensaje en la red social X, en el que criticó al presidente Javier Milei y exigió la liberación de los detenidos. "Liberen al pibe y a las pibas, cachivaches!", escribió, y recordó un antiguo posteo de Milei en el que celebraba protestas similares en Francia. Kirchner cuestionó la coherencia del gobierno y la aplicación de la ley en función del color político de los manifestantes.

El caso reavivó el debate sobre la criminalización de la protesta social y la represión oficialista. Mientras el oficialismo defiende la actuación judicial y policial, sectores opositores y referentes kirchneristas, como la intendenta Mayra Mendoza, repudiaron los allanamientos y las detenciones. El episodio se inscribe en un contexto de creciente tensión política y social en Argentina, con posturas enfrentadas sobre los límites de la protesta y la respuesta estatal.