La posible designación de Gerardo Milman al frente de la Dirección Nacional de Migraciones ha generado un intenso debate dentro del oficialismo argentino. Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad y próxima senadora nacional, junto al presidente Javier Milei, han impulsado la candidatura de Milman para ocupar un cargo clave tras el fin de su mandato como diputado. Sin embargo, la propuesta enfrenta la firme oposición de Karina Milei, figura central en el entorno presidencial, quien ha vetado su nombramiento para preservar acuerdos políticos con la expresidenta Cristina Kirchner.

Milman, quien cuenta con el respaldo explícito de Bullrich y Milei, enfrenta un procesamiento judicial por defraudación al Estado, basado en pruebas de contrataciones irregulares y falsificación de firmas durante su gestión en la Dirección de Inteligencia Criminal en el gobierno de Mauricio Macri. A pesar de estos antecedentes, el presidente Milei lo considera una "víctima" tras el archivo de la causa que lo vinculaba al atentado contra Cristina Kirchner, lo que ha reforzado el apoyo oficialista a su figura.

La Dirección Nacional de Migraciones, recientemente transferida del Ministerio del Interior al de Seguridad, se ha convertido en un punto de disputa interna. Karina Milei, preocupada por mantener un canal de diálogo con Cristina Kirchner y asegurar la estabilidad política, ha bloqueado la designación de Milman en cargos sensibles. Esta decisión responde a la necesidad de equilibrar las aspiraciones del oficialismo con los acuerdos subterráneos que se negocian con la oposición, especialmente en temas como la designación de jueces para la Corte Suprema.

El futuro de Milman permanece incierto, condicionado por las negociaciones entre Bullrich, Milei y Karina Milei. Mientras tanto, sectores del oficialismo y la sociedad civil expresan preocupación por la posibilidad de que un dirigente procesado asuma un rol estratégico en el control migratorio, en un contexto de endurecimiento de las políticas hacia la inmigración. La resolución de este conflicto interno será clave para definir el rumbo político y la imagen institucional del gobierno en los próximos meses.