La causa Vialidad sumó un nuevo capítulo tras la actualización del monto a decomisar a los condenados, entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los peritos contables de la Corte Suprema establecieron que el perjuicio económico causado por las maniobras de corrupción en la obra pública de Santa Cruz asciende a $684.990 millones, cifra que representa unos 537 millones de dólares al cambio actual. Este cálculo se realizó aplicando el índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC sobre la base de los $85 mil millones fijados en el veredicto de 2022.

Sin embargo, la defensa de Cristina Kirchner presentó un informe alternativo elaborado por su perito de parte, José Lucas Gaincerain, quien sostiene que el monto real a decomisar es de $42.494 millones, apenas el 6% del cálculo oficial. Gaincerain argumenta que la actualización debe hacerse utilizando la tasa pasiva promedio del Banco Central, metodología que, según él, refleja mejor la evolución financiera del dinero. "Utilizar otros índices puede generar rentabilidades artificiales que no corresponden a la realidad económica", afirmó el perito.

Ante la disparidad de cifras, el Tribunal Oral Federal 2 deberá decidir qué metodología corresponde aplicar. Una vez definido el monto, los nueve condenados tendrán diez días hábiles para depositar la suma correspondiente. De no hacerlo, la Justicia avanzará con el remate de bienes para cubrir el decomiso.

En paralelo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal que se mantengan y refuercen las medidas cautelares sobre los bienes de los condenados, para evitar maniobras que dificulten el recupero de activos. El pedido se intensificó tras detectarse un intento de la pareja de Lázaro Báez de ingresar documentos para su firma en la cárcel, lo que fue interpretado como una posible maniobra para mover patrimonio.

El dinero recuperado será destinado al presupuesto del Poder Judicial, aunque algunos bienes podrán ser administrados o rematados por el Estado. El caso sigue generando debate sobre la mejor forma de calcular el daño económico y la efectividad de las medidas para asegurar el recupero de fondos públicos.