El Gobierno nacional enfrenta crecientes dificultades para avanzar con su proyecto de eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y habilitar el sistema de listas colectoras. A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo, encabezados por el ministro del Interior, Diego Santilli, la iniciativa no logra reunir los votos necesarios en el Senado ni el respaldo suficiente entre sus propios aliados.

La propuesta oficialista, que busca modificar el régimen electoral bajo el argumento de reducir costos y simplificar el proceso, ha generado resistencias tanto en la oposición como en sectores aliados. Gobernadores de la UCR, el PRO y partidos provinciales condicionan su apoyo a la obtención de compensaciones políticas concretas y garantías ejecutables. "A los gobernadores no les importan las PASO, están esperando una compensación política y después las entregan a doscientas manos", señaló un legislador cercano al oficialismo.

En el centro del debate se encuentra la figura de las listas colectoras, prohibidas en 2019 por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri. La posibilidad de restablecerlas ha sido criticada por referentes como Patricia Bullrich, quien advirtió que "deforman el sistema político" y generan confusión en el electorado. Sin embargo, algunos sectores consideran que, ante la falta de alternativas, podrían aceptar el mecanismo si se garantizan condiciones favorables.

El peronismo, por su parte, se mantiene firme en el rechazo a la reforma. "Van a hacer una galleta y puede ser un desastre porque, encima, pretenden mezclar la boleta única nacional con colectoras en elecciones concurrentes", advirtió el senador Fernando Salino. Además, gobernadores como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Hugo Passalacqua (Misiones) han manifestado públicamente su negativa a apoyar la habilitación de colectoras.

El debate, que inicialmente era prioritario para el oficialismo, ha perdido relevancia en la agenda legislativa, desplazado por otros proyectos como la ley de zonas frías y el financiamiento universitario. Fuentes parlamentarias señalan que es poco probable que se alcance una resolución antes de fin de año, lo que obliga al Gobierno a replantear su estrategia y buscar consensos más amplios.

En este contexto, la discusión sobre el sistema electoral argentino continúa abierta, marcada por la desconfianza entre los distintos actores políticos y la necesidad de acuerdos que garanticen la transparencia y estabilidad institucional de cara a las próximas elecciones.