El ex Aquarium de Mar del Plata, cerrado desde marzo de este año, se encuentra en el centro de una polémica tras la difusión de imágenes que muestran a delfines y lobos marinos en presunto estado de abandono. Las fotografías, viralizadas en redes sociales y compartidas por vecinos y organizaciones de protección animal, exhiben estanques con agua en mal estado y animales aparentemente desnutridos, lo que generó preocupación y una rápida reacción de las autoridades locales.

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía interviniente del Ministerio Público Fiscal, solicitando una inspección ocular y una pericia técnica urgente para evaluar las condiciones del predio y el estado de salud de los animales. "En Mar del Plata no hay lugar para el maltrato animal", afirmó Montenegro en sus redes sociales, anticipando que, de confirmarse las pruebas, se pedirá una cautelar de cuidado integral.

Por su parte, la empresa responsable del oceanario, Grupo Dolphin, rechazó las acusaciones y aseguró que 24 empleados, entre veterinarios, biólogos y cuidadores, permanecen en el establecimiento para garantizar el bienestar de los ejemplares. Alejandro Saubidet, biólogo y director científico, explicó que el agua de los estanques se mantiene a 20ºC y se controla químicamente, y que los animales reciben diariamente 160 kilogramos de alimento. Además, la empresa sostiene que la mayoría de los animales han sido reubicados en otros centros, y que los restantes aguardan traslado internacional, sujeto a trámites administrativos y logísticos.

La Fundación Fauna Argentina y vecinos insisten en que las imágenes evidencian abandono y falta de atención, mientras la empresa argumenta que las fotos fueron tomadas por intrusos y que los controles de organismos nacionales y provinciales continúan vigentes. El Aquarium, que funcionó durante 32 años como centro de espectáculos y rehabilitación de fauna marina, cerró sus puertas definitivamente por problemas contractuales de alquiler.

La situación ha puesto en tela de juicio el cumplimiento de los protocolos de bienestar animal y la responsabilidad de los propietarios, mientras la justicia investiga posibles sanciones bajo la Ley de Maltrato Animal. El destino de los delfines y otros animales aún en el predio depende de la resolución de cuestiones administrativas y logísticas internacionales, en medio de una creciente demanda social por transparencia y garantías de protección.