La Justicia federal profundizó la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con una serie de allanamientos en el country Nordelta, ubicado en Tigre. El operativo, encabezado por el juez Sebastián Casanello, se centró en los barrios privados La Isla y El Golf, donde residen los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, empresarios de la droguería Suizo Argentina S.A., señalada en la causa por supuestos pagos irregulares.

La pesquisa se originó tras la filtración de audios atribuidos al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, que sugieren la existencia de coimas en la compra de medicamentos. En este contexto, la Justicia busca reconstruir el recorrido de Jonathan Kovalivker, quien logró abandonar el barrio antes de que la Policía de la Ciudad realizara los allanamientos. El empresario se presentó posteriormente en los tribunales de Comodoro Py, entregando su celular apagado y sin contraseña, lo que representa un obstáculo para los peritos tecnológicos.

Durante los operativos, la Policía incautó cámaras de seguridad, registros de entradas y salidas, y documentos que podrían aportar información relevante sobre los movimientos de los involucrados. Emmanuel Kovalivker fue interceptado mientras intentaba abandonar el country con sobres que contenían 266.000 dólares y 7 millones de pesos, además de anotaciones numéricas. Todo el material quedó bajo custodia de la fiscalía a cargo de Franco Picardi.

El jefe de Seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis, fue imputado por presunta obstrucción a la justicia. De Vicentis negó haber alertado a los empresarios sobre los allanamientos y aseguró que actuó conforme a su responsabilidad profesional. "Aún estando de vacaciones, estaba al tanto de lo que pasaba porque entiende que era su responsabilidad", declaró ante el juez Casanello. Además, entregó celulares y claves para su peritaje, buscando desligarse de la acusación de encubrimiento.

El presidente Javier Milei se refirió públicamente al caso, calificando de "mentira" las declaraciones de Spagnuolo y prometiendo que se probará judicialmente. Por el momento, la causa no tiene detenidos ni imputados por coimas, aunque los involucrados tienen prohibido salir del país. La investigación continúa, con especial atención al análisis forense de los dispositivos electrónicos incautados y a la reconstrucción de los hechos a través de las grabaciones de seguridad.

El caso, que involucra a empresarios y funcionarios públicos, se desarrolla en medio de la campaña electoral y ha generado repercusiones políticas. La expectativa está puesta en los resultados de las pericias y en la posible aparición de nuevas pruebas que permitan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.