El miércoles 8 de octubre se concretó la apertura de sobres para la concesión de la Ruta del Mercosur, un tramo de 741 kilómetros que atraviesa Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, y conecta Argentina con Brasil y Uruguay. El proceso, parte de la primera etapa de la Red Federal de Concesiones, representa un cambio significativo en la política de infraestructura vial del gobierno de Javier Milei.

A pesar del discurso inicial de autofinanciamiento privado, el Estado, a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), ofreció un financiamiento de hasta $56.000 millones o el 70% del monto contractual, bajo la modalidad UVA +2% y con plazos de hasta seis años para el repago y un año de gracia. "El superávit fiscal alcanzado permite acompañar las inversiones del sector privado en obras fundamentales", comunicó el BICE, justificando la intervención estatal en un proceso que originalmente buscaba prescindir de fondos públicos.

La licitación, ejecutada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, recibió siete ofertas de empresas constructoras, todas con experiencia en obra pública. El financiamiento estatal fue determinante para evitar que la licitación quedara desierta, ya que las empresas mostraron poco interés en invertir capital propio en un contexto de deterioro de las rutas y exigencias de inversión inicial millonaria.

El esquema de concesión prevé contratos de 20 a 30 años, con explotación integral bajo régimen de peaje. Las empresas adjudicatarias deberán garantizar condiciones óptimas de transitabilidad, incluyendo bacheo, señalización y mantenimiento, antes de aplicar la tarifa plena de peaje. El proceso se realiza a través de la plataforma Contrat.Ar, bajo la licitación 504-0007-LPU25.

El modelo busca reemplazar la gestión pública de Corredores Viales S.A., empresa estatal creada tras el fin del esquema de Participación Público-Privada (PPP). El deterioro de la infraestructura vial, agravado por la falta de actualización de tarifas y la escasez de inversión, generó urgencia en la reactivación de obras. Intendentes y gobernadores han alertado sobre el aumento de accidentes y el abandono del mantenimiento básico.

El giro en la política de financiamiento generó críticas por la contradicción con el discurso libertario del gobierno, que había prometido reducir el tamaño del Estado y delegar la obra pública al sector privado. Sin embargo, la necesidad de mostrar avances concretos y evitar una licitación desierta llevó a la reincorporación de actores históricos de la obra pública y al uso de financiamiento estatal como condición indispensable para la viabilidad del proyecto.

Las próximas etapas del programa prevén la licitación de más de 8.000 kilómetros adicionales, con la eventual disolución de Corredores Viales S.A. y la consolidación de un modelo de autofinanciamiento vial respaldado por ingresos de peaje y créditos del sistema financiero. El resultado de esta primera licitación será clave para definir el futuro de la infraestructura vial argentina y el rol del Estado en su desarrollo.