Valentina Olguín, una influencer y cantante de Santiago del Estero, enfrenta graves acusaciones por contrabando simulado y uso indebido de información fiscal. Según las investigaciones, Olguín utilizó los CUIT de cinco gobernadores argentinos para realizar compras en el exterior, acumulando un monto defraudado superior a $1,3 millones. El caso, que salió a la luz en noviembre de 2024, ha generado un escándalo nacional y múltiples procesos judiciales.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue el primero en detectar el uso indebido de sus datos fiscales tras recibir un correo electrónico relacionado con una compra que no realizó. Esto llevó a una denuncia penal y a una investigación liderada por el fiscal federal Agustín Chit y el juez Juan Manuel Díaz Vélez. Durante el proceso, se descubrió que Olguín también utilizó los datos de Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Marcelo Orrego (San Juan).

Las compras, realizadas a través de la tienda estadounidense "Revolve", fueron entregadas en el domicilio de Olguín en Núñez, Buenos Aires. Según la acusación, la influencer habría agotado su cupo personal de compras y recurrió a los datos de los gobernadores para evitar los controles aduaneros. Durante un allanamiento en su domicilio, se incautaron ropa, electrodomésticos y documentos que sugieren un esquema organizado para defraudar al fisco.

Olguín fue procesada sin prisión preventiva y enfrenta un embargo de $5 millones como garantía para asegurar su sujeción al proceso penal. La defensa de la joven ha apelado la decisión y busca unificar las causas abiertas en diferentes jurisdicciones para negociar una pena condicional. Sin embargo, el delito de contrabando simulado, tipificado en el artículo 864 del Código Aduanero, contempla penas de entre 2 y 8 años de prisión, lo que podría complicar su situación legal.

El caso ha puesto en evidencia fallas en la protección de datos fiscales en Argentina y ha generado un debate sobre la ética y la responsabilidad en el uso de información personal. Mientras tanto, los gobernadores afectados han presentado denuncias en sus respectivas jurisdicciones, y la justicia federal continúa avanzando en las investigaciones. La resolución final del caso podría sentar un precedente importante en materia de delitos fiscales y protección de datos en el país.