La justicia de Neuquén dictó sentencia en la megacausa de la estafa con planes sociales, condenando a 12 exfuncionarios por el desvío de más de 1.200 millones de pesos originalmente destinados a subsidios para personas en situación de vulnerabilidad. El tribunal, integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla, impuso penas de entre 3 y 5 años de prisión, de las cuales ocho serán de cumplimiento efectivo.

El caso, que se desarrolló entre septiembre de 2020 y julio de 2022 durante la gestión del exgobernador Omar Gutiérrez, reveló una compleja organización dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Según el fallo, los fondos desviados fueron utilizados, en parte, para financiar ilegalmente al Movimiento Popular Neuquino (MPN), comprometiendo así los principios democráticos y el sistema electoral.

La decisión judicial generó una fuerte reacción en la sociedad y en el ámbito político. El gobernador Rolando Figueroa expresó su descontento con la levedad de las penas y ordenó a la Fiscalía de Estado apelar el fallo, buscando que se reconsidere la figura de asociación ilícita y se impongan sanciones más severas. "Que se examine nuevamente la acusación por Asociación Ilícita, tal como se sostuvo durante todo el proceso", señaló el comunicado oficial.

El fiscal jefe Pablo Vignaroli celebró el trabajo de su equipo, aunque marcó diferencias con los jueces respecto al contexto político que permitió avanzar en la causa. "No coincido porque los jueces se olvidan que este caso se empezó a investigar en pleno gobierno del MPN", afirmó Vignaroli, defendiendo la independencia de la investigación.

El fallo también fue comparado con la causa Temux, otro escándalo de corrupción en la provincia, y reavivó el debate sobre la efectividad de la justicia frente a delitos de corrupción. Mientras tanto, la sociedad neuquina exige castigos más firmes y la recuperación de los fondos sustraídos, en un contexto de cambio político tras seis décadas de hegemonía del MPN. El gobierno provincial insiste en su política de "tolerancia cero" ante la corrupción y promete continuar con las reformas para fortalecer la transparencia y la justicia.