Las autoridades de Entre Ríos lograron desbaratar un plan criminal que tenía como objetivo asesinar al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, al fiscal José Ignacio Candioti y al ministro de Seguridad provincial, Néstor Roncaglia. El complot fue orquestado desde la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú por Leonardo Airaldi, un presunto narcotraficante y ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante, actualmente detenido y a la espera de un juicio oral por narcotráfico.

La investigación se inició gracias a la declaración de un interno, quien alertó a las autoridades sobre la existencia del plan. Según los testimonios recabados, Airaldi habría contratado sicarios uruguayos por 40.000 dólares para ejecutar los asesinatos durante las supuestas vacaciones de los funcionarios judiciales en Uruguay. Además, se planeaba un atentado contra el ministro Roncaglia en territorio argentino, lo que habría elevado el costo del crimen.

El objetivo principal del complot era evitar el inicio del juicio oral contra Airaldi y otros 13 acusados, previsto para el 24 de febrero en Paraná. La denuncia permitió a la Gendarmería Nacional allanar el pabellón donde se encontraba Airaldi, incautando teléfonos, drogas y documentación relevante para la causa. Las autoridades reforzaron la seguridad de los funcionarios y sus familias ante la gravedad de la amenaza.

Airaldi enfrenta causas judiciales desde 2019, incluyendo el secuestro de 30 kilogramos de cocaína en Rosario y la coordinación de una red de tráfico de drogas que abarcaba varias provincias. Su figura ha sido comparada con otros líderes narcos que han intentado intimidar o atacar a funcionarios judiciales en Argentina y la región.

El caso generó una fuerte reacción institucional. La Asociación de Magistrados y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal repudiaron el complot y exigieron medidas urgentes para garantizar la seguridad de los operadores judiciales. El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se mantiene en contacto con los afectados y las fuerzas federales.

A pesar de la amenaza, el Tribunal Oral Federal de Paraná confirmó que el juicio seguirá adelante en la fecha prevista, con un refuerzo considerable de las medidas de seguridad. El caso pone en evidencia los riesgos que enfrentan los funcionarios judiciales en la lucha contra el narcotráfico y la necesidad de fortalecer la protección institucional para preservar el Estado de Derecho.