La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a los demandantes, en el marco del litigio por la expropiación de la petrolera en 2012. El fallo, que implica una compensación de al menos 16.000 millones de dólares, ha generado una fuerte reacción en el ámbito político y económico argentino.

El litigio se originó tras la reestatización de YPF, impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y ejecutada por Axel Kicillof, sin realizar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) exigida por el estatuto de la empresa. Burford Capital, fondo especializado en litigios, adquirió los derechos de la demanda y posteriormente vendió parte de ellos a inversores anónimos. El fallo de Preska, que ya había sentenciado en contra de Argentina en 2023, ahora exige la entrega de acciones como garantía de pago.

El presidente de YPF, Horacio Marín, señaló que "la jueza falló a favor de YPF y en contra de la República", mientras que el presidente Javier Milei calificó la sentencia como "jurídicamente inaplicable" y anunció que el Gobierno apelará en todas las instancias posibles. El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que el fallo contradice la legislación argentina y la inmunidad soberana, y que las acciones no son legalmente transferibles sin autorización del Congreso.

El caso ha sumado nuevos actores: fondos de inversión con sentencias favorables por deuda en default también reclaman parte de las acciones de YPF. Analistas advierten que el monto reclamado es desproporcionado respecto al valor de mercado de la empresa y que la situación recuerda el litigio con fondos buitre tras el default de 2001.

El debate se extiende al impacto de la expropiación en el desarrollo de Vaca Muerta, el principal activo energético del país. Mientras algunos defienden la medida por su rol en el crecimiento de la producción, otros sostienen que el desarrollo hubiera sido posible con reglas claras y capital privado. El fallo de Preska es visto como un llamado a negociar y podría ser revisado por instancias superiores, mientras el Gobierno busca proteger los intereses nacionales y evitar la entrega de activos estratégicos.