El Gobierno nacional anunció este miércoles la eliminación de la jornada no laborable correspondiente al Día del Empleado Público, que se celebra cada 27 de junio. La medida, que será oficializada mediante un decreto presidencial, fue comunicada por el vocero Manuel Adorni en conferencia de prensa desde Casa Rosada. Según explicó el funcionario, la decisión busca equiparar las condiciones laborales entre el sector público y el privado, eliminando lo que el Ejecutivo considera un privilegio exclusivo de los empleados estatales.

“El Estado no es un espacio para otorgar beneficios especiales ni días sabáticos que no tienen justificación”, afirmó Adorni, quien también remarcó que el asueto es financiado por los contribuyentes. El vocero agregó que la medida se enmarca en una política de eficiencia y responsabilidad, alineando la administración pública con los estándares de productividad del resto del mercado laboral.

El Día del Empleado Público fue establecido en 2013 por la Ley 26.876, en conmemoración de la adopción del Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1978, que reconoce el derecho a la negociación colectiva en el sector público. La ley invitaba a provincias y municipios a adherir, y varias jurisdicciones lo hicieron, extendiendo el asueto a miles de trabajadores en todo el país.

La eliminación del día no laborable generó una rápida reacción de los sindicatos. Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), expresó su rechazo en redes sociales, calificando la medida como “un acto despótico propio de un régimen autoritario”. Aguiar sostuvo que “el Gobierno pretende eliminar por decreto un día histórico, el Día del Trabajador del Estado, sancionado por la Ley 26.876”, y cuestionó la legalidad de la decisión, argumentando que sólo el Congreso puede derogar una ley.

El anuncio, realizado a menos de 48 horas del asueto, generó malestar entre los empleados públicos que ya habían planificado el día. Desde el Gobierno, en tanto, se insiste en que la medida es necesaria para restringir gastos prescindibles y mantener la actividad estatal sin interrupciones. El debate refleja la tensión entre la agenda de reforma estatal impulsada por el Ejecutivo y la defensa sindical de derechos laborales históricos. El futuro de la jornada conmemorativa y su impacto en la relación entre el Estado y sus trabajadores queda ahora en el centro de la discusión pública.