El Tribunal Electoral de Misiones ha generado una fuerte polémica al excluir a 16 mil efectivos de las fuerzas de seguridad del padrón electoral para las elecciones provinciales del próximo 8 de junio. La medida, publicada en el Boletín Oficial el pasado 23 de mayo, se fundamenta en el artículo 48 inciso 10 de la Constitución Provincial, que prohíbe a policías, militares y otros agentes de seguridad votar en comicios locales.

La resolución, que afecta al 1,6% del padrón electoral, ha sido calificada como "inconstitucional" y "discriminatoria" por partidos opositores como La Libertad Avanza y el Frente Unidos por el Futuro. Estos grupos han presentado recursos legales para revertir la decisión, argumentando que viola derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales. "La prohibición nace de la misma Constitución Provincial que este Tribunal debe hacer cumplir", señaló el Tribunal en su defensa, subrayando que no tiene competencia para modificar disposiciones constitucionales.

En elecciones anteriores, los efectivos de seguridad habían sido habilitados para votar gracias a una interpretación más flexible de la ley. Sin embargo, esta vez el Tribunal ha adoptado una postura más estricta, lo que ha generado sospechas de motivaciones políticas. La oposición acusa al oficialista Frente Renovador de la Concordia de intentar limitar el voto opositor, dado que muchos efectivos de seguridad apoyan a candidatos contrarios al gobierno provincial.

El impacto de esta decisión no se limita al ámbito político. Empresarios de Montecarlo, representados por la Cámara de Comercio e Industria local, han criticado la medida, calificándola de "arbitraria" y perjudicial para la imagen institucional de la provincia. "Esta decisión no tiene coherencia con la institucionalidad que necesita mostrar una provincia que quiere ser atractiva para la inversión", afirmó Darío Cordes, vicepresidente de la Cámara.

La controversia también ha reavivado debates sobre la interpretación de la Constitución Provincial. En 2006, el Superior Tribunal de Justicia de Misiones había declarado nulo este artículo, permitiendo a los efectivos votar en elecciones posteriores. La oposición planea llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando que la medida vulnera derechos fundamentales como el de elegir y ser elegido.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, la decisión del Tribunal Electoral podría tener un impacto significativo en los resultados, especialmente en un contexto de creciente oposición al oficialismo. Mientras tanto, el debate sobre la constitucionalidad y las implicaciones políticas de esta medida continúa intensificándose.