Un casamiento celebrado en la reserva natural Quebrada de las Conchas, en Cafayate, Salta, ha generado una fuerte controversia y una investigación judicial por presunta falsificación de documentos. El evento, que reunió a 110 invitados y se realizó en un área protegida, fue denunciado por la municipalidad local y el Ministerio de Producción y Minería de Salta, quienes sostienen que no contaba con la autorización oficial requerida.

La polémica surgió tras la difusión en redes sociales de imágenes del casamiento, lo que llevó a las autoridades a iniciar actuaciones administrativas y presentar una denuncia penal por la posible falsificación de instrumento público. El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, Alejandro Aldazábal, afirmó que el permiso exhibido por los organizadores era "una copia adulterada" y que nunca se recibió una solicitud formal para la realización del evento. "El papel que exhibían no tiene los membretes, ni número de expediente, ni resolución. Es muy improlijo y se nota que es una foto pegada de mi firma", declaró Aldazábal.

Por su parte, la organizadora y presunta propietaria del terreno, Lucía Grajales Soriano, defendió la legalidad del casamiento y aseguró que se respetaron todas las normativas. "Era un evento en una propiedad privada dentro de una reserva, pero se respetaron todas las leyes. Había abogados y un juez de la Corte Suprema. Fueron 110 invitados", afirmó en declaraciones radiales. Grajales Soriano también señaló que se presentó un protocolo de impacto ambiental y que se coordinó con autoridades de Turismo y Ambiente para la logística del evento.

Las autoridades, sin embargo, insisten en que cualquier actividad en áreas protegidas debe contar con autorización expresa y cumplir con la Ley Provincial 6806 y otras normativas ambientales. El municipio advirtió sobre el impacto negativo que pueden tener este tipo de celebraciones en la fauna y el paisaje de la zona, especialmente por el uso de luces, sonido y la instalación de infraestructura temporal.

El caso, que ya está en manos de la Justicia, podría derivar en sanciones administrativas y penales para los responsables, y reabre el debate sobre el uso de espacios naturales para eventos privados. Las autoridades esperan que este episodio sirva de advertencia para futuros casos y refuerce la importancia de preservar el patrimonio ambiental de la provincia.