Vialidad Nacional intimó al propietario del Hotel Sol de Funes, en la localidad santafesina de Funes, a deshacer los accesos directos construidos entre su establecimiento y la autopista Rosario-Córdoba. La medida fue adoptada tras detectar que las obras, ejecutadas sin autorización ni evaluación técnica, representaban un riesgo para la seguridad vial de los usuarios de la traza nacional.

Según el organismo, la intervención incluyó la apertura de subidas y bajadas irregulares a la altura del kilómetro 307, sin señalización preventiva, carriles de aceleración o desaceleración, ni iluminación adecuada. "Estas conexiones ilegales constituyen una grave infracción a las normas de seguridad vial", señalaron desde Vialidad Nacional, y advirtieron que la situación incrementa el riesgo de colisiones y siniestros viales.

El empresario Néstor Rozín, dueño del hotel, explicó que decidió realizar la obra por su cuenta ante el deterioro del acceso y la falta de respuesta de la empresa concesionaria y de las autoridades. "Estábamos padeciendo el problema de la calle, ya no aguantaba más", declaró Rozín, quien también argumentó que la mejora benefició a clientes, proveedores y vecinos de la zona. Sin embargo, reconoció que no completó la documentación técnica exigida para este tipo de intervenciones.

El conflicto se intensificó tras la realización de eventos multitudinarios en el hotel y la posterior notificación formal de Vialidad, que otorgó un plazo de diez días para restituir el sector a su estado original. Desde el organismo, explicaron que los controles no son meramente administrativos, sino que buscan garantizar la seguridad y delimitar responsabilidades legales y técnicas sobre la infraestructura vial.

El caso ha reavivado el debate sobre el rol del sector privado en la mejora de la infraestructura pública y la necesidad de cumplir con los procedimientos legales y técnicos. Mientras Vialidad Nacional enfatiza la prioridad de la seguridad vial, sectores privados critican la burocracia y defienden la iniciativa ante la inacción estatal. En el trasfondo, algunos actores sugieren motivaciones políticas, aunque no existen pruebas concluyentes al respecto.

La resolución del conflicto podría sentar un precedente sobre la relación entre el Estado y los privados en la gestión y mantenimiento de rutas nacionales, en un contexto de creciente deterioro de la infraestructura vial en Argentina.