El gobierno de Estados Unidos reiteró su respaldo a la Argentina en el litigio internacional por la expropiación de YPF, luego de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendiera temporalmente la orden de entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los fondos Burford Capital y Eton Park. Esta medida, que representa un alivio procesal para el país, se mantendrá vigente hasta que se resuelva la apelación presentada por el Estado argentino.

El Departamento de Justicia estadounidense notificó su intención de presentar un nuevo escrito amicus curiae en apoyo a la Argentina, argumentando que la orden de la jueza Loretta Preska viola la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras y los principios de cortesía internacional. "No le convienen a Estados Unidos este tipo de decisiones judiciales porque afecta su política exterior", señalaron fuentes expertas en la causa. El escrito también advierte sobre el peligro de sentar un precedente que permita embargos recíprocos de activos soberanos entre países.

En el plano local, el Senado argentino evalúa la convocatoria a una sesión secreta para tratar el caso YPF, con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo y directivos de la empresa. La iniciativa busca unificar criterios y evitar declaraciones públicas que puedan afectar la estrategia judicial del país. "Hay unanimidad para defender los derechos argentinos en este tema", afirmó el senador Eduardo Vischi, mientras que desde el kirchnerismo se destacó la importancia de preservar la empresa como patrimonio nacional.

El conflicto judicial se originó tras la expropiación de YPF en 2012, cuando fondos buitre demandaron al Estado argentino por supuestos perjuicios y reclamaron una compensación de más de 16.000 millones de dólares. La defensa argentina sostiene que la transferencia de acciones solo puede realizarse con aprobación del Congreso, según la legislación nacional.

El caso podría escalar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos si no se alcanza un acuerdo en las instancias actuales. Mientras tanto, el respaldo internacional y la suspensión de la orden judicial otorgan a la Argentina tiempo para fortalecer su posición y buscar una solución negociada, en un contexto de alta sensibilidad política y económica.