La asunción de Lorena Villaverde como senadora por Río Negro, prevista para el 10 de diciembre, se encuentra en el centro de una tormenta judicial y política que amenaza con alterar el escenario legislativo provincial. Diversas denuncias presentadas ante la Justicia Federal apuntan a presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral, falsificación de facturas y vínculos con figuras del narcotráfico internacional, lo que ha generado una crisis interna en La Libertad Avanza.

El caso tomó estado público tras la presentación de una denuncia por parte de Daniel Sarwer, presidente de la ONG ARM Global, y legisladores opositores del bloque Vamos con Todos. El escrito solicita investigar el origen de los fondos utilizados en la campaña de Villaverde, mencionando posibles delitos de lavado de activos, asociación ilícita y encubrimiento agravado. En el expediente aparecen los nombres de Fred Machado, recientemente extraditado a Estados Unidos, y Claudio Cicarelli, pareja de Villaverde, quienes son señalados como posibles articuladores de operaciones financieras irregulares.

El tesorero provincial de La Libertad Avanza, Roberto Zgaib, rechazó el pago de facturas por más de 70 millones de pesos al detectar inconsistencias y falta de documentación respaldatoria. Zgaib relató presiones internas y versiones contradictorias sobre los pagos, lo que profundizó la crisis dentro del partido. Abelardo Calfín, funcionario de ANSES y afiliado libertario, figura como proveedor de las facturas, lo que configura un posible conflicto de intereses y suma gravedad a la denuncia.

El historial judicial de Villaverde también ha salido a la luz, incluyendo una detención en Estados Unidos por tráfico de cocaína y embargos millonarios en Argentina por ventas irregulares de lotes. Estos antecedentes, sumados a la actual investigación, han generado preocupación sobre la transparencia y la ética del espacio libertario, que hizo de la lucha contra la corrupción su principal bandera electoral.

La controversia no solo pone en riesgo la asunción de Villaverde, sino que también amenaza con debilitar la cohesión interna de La Libertad Avanza y su proyección política hacia 2027. Si la Justicia interviene antes del 10 de diciembre, la banca podría ser ocupada por el siguiente en la lista, Enzo Fulone. En caso contrario, Villaverde asumiría bajo una sombra de sospecha que podría afectar su gestión y la credibilidad del partido.

Desde el entorno de Villaverde se ha intentado minimizar el caso, calificándolo como una "operación política" impulsada por sectores opositores. Sin embargo, organizaciones civiles y referentes políticos han solicitado que se suspenda la asunción hasta que la Justicia se expida. El episodio expone debilidades en los controles internos y la rendición de cuentas de La Libertad Avanza, y plantea interrogantes sobre la capacidad del espacio para sostener su discurso de transparencia y eficiencia en el manejo de fondos públicos.

En definitiva, el caso Villaverde condensa las tensiones y contradicciones del presente político argentino, donde las promesas de cambio y honestidad se ven amenazadas por viejas prácticas y nuevas denuncias de corrupción. La resolución judicial será clave para definir el futuro institucional y político de la provincia y del espacio libertario a nivel nacional.