El Tribunal Oral Federal 7 de la ciudad de Buenos Aires condenó a Facundo Martínez Radaelli a seis años de prisión tras considerar probada una serie de amenazas coactivas, intimidación pública y tentativa de extorsión cometidas entre 2021 y 2022. Las víctimas incluyeron a jueces federales, funcionarios, periodistas, influencers y particulares, en un entramado de más de 40 hechos que generaron alarma social y alteraron el funcionamiento de servicios públicos.

La investigación comenzó tras una amenaza enviada al juez federal Sebastián Ramos, en la que se intentaba frenar una causa penal vinculada a falsas alarmas de bomba. El mensaje, enviado por WhatsApp desde una línea contratada a nombre de un tercero, contenía información personal del magistrado extraída de registros oficiales. Según el fallo, la amenaza fue dirigida de manera anónima contra una autoridad pública nacional, con el objetivo de que desistiera de continuar con el proceso penal a su cargo.

Entre las víctimas también estuvo el juez federal Ariel Lijo, quien recibió mensajes intimidatorios relacionados con una investigación por falsas alarmas de bomba. Además, funcionarios como el entonces ministro de Transporte Diego Giuliano y el director de Supervisión y Control Financiero Nelson Cirilo O’Brien fueron amenazados para que borraran publicaciones en redes sociales.

Martínez Radaelli utilizó medios informáticos desde su vivienda en Lavallol, provincia de Buenos Aires, accediendo ilegalmente a bases públicas para obtener datos personales de sus víctimas. Las amenazas se extendieron a periodistas, streamers y sus familiares, con mensajes intimidatorios y extorsivos, en ocasiones acompañados por la difusión de datos personales en redes sociales.

El acusado también realizó falsas alertas de explosivos en escuelas, trenes y aviones, lo que derivó en evacuaciones, cancelación de servicios y movilización de recursos públicos. El tribunal destacó la gravedad de utilizar el anonimato y la reiteración de las amenazas para incrementar el efecto intimidatorio.

La pena fue acordada en un juicio abreviado entre la fiscal Fabiana León y la defensa oficial, con la conformidad del acusado. Martínez Radaelli está detenido desde 2023 y quedará libre en noviembre de 2029. La sentencia remarca que, aunque los explosivos nunca existieron, las amenazas resultaron idóneas para generar alarma social y entorpecer el funcionamiento de servicios públicos. El caso evidencia la vulnerabilidad de figuras públicas y particulares ante amenazas anónimas y la importancia de la intervención judicial para restablecer la seguridad.