La Justicia Federal de Entre Ríos dictó el sobreseimiento de Ignacio Veronesi, empresario agropecuario y responsable de Aceitera Agroindustrial SA, quien estaba acusado de evasión agravada por un monto de $9.274.986. La decisión se basó en la reciente entrada en vigencia de la ley de Inocencia Fiscal, que elevó el piso para la configuración del delito de evasión de $1,5 millones a $100 millones.

La jueza subrogante Noemí Berros hizo lugar al pedido de la defensa, encabezada por la abogada Julieta Elizalde, quien argumentó que la nueva legislación debía aplicarse retroactivamente por ser más benigna, conforme al artículo 2° del Código Penal. La fiscal Josefina Minatta avaló este criterio, señalando que "las conductas reprochadas, calificadas como evasión tributaria por montos inferiores a los previstos en la legislación vigente, han dejado de constituir delito".

El expediente judicial detalló que la maniobra atribuida a Veronesi y a su fallecido padre consistió en la omisión de declarar ventas de aceite de soja y el uso de facturas apócrifas para justificar compras en el circuito marginal, entre 2015 y 2017. El monto total evadido, según la acusación, ascendía a $9,2 millones, cifra que, bajo la nueva ley, no configura delito penal.

La causa se había iniciado en 2020 y, de haberse mantenido la legislación anterior, Veronesi podría haber enfrentado una condena efectiva, especialmente considerando que ya contaba con una condena en suspenso por administración fraudulenta. Sin embargo, la jueza Berros concluyó que "la conducta atribuida al imputado ha perdido relevancia penal a la luz de la normativa vigente, por lo que corresponde sobreseer".

El fallo, dictado el 11 de marzo, sienta un precedente relevante en la aplicación de la ley de Inocencia Fiscal y abre el debate sobre su impacto en la persecución de delitos tributarios menores. La defensa celebró la resolución, mientras que sectores judiciales y fiscales analizan las implicancias de la nueva normativa en casos similares.