La interna del oficialismo argentino se intensificó tras la última sesión en el Senado, donde se aprobaron proyectos previsionales y la emergencia en Discapacidad. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, renovó sus críticas contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, acusándola de favorecer al kirchnerismo al presidir la sesión. “Que se ponga del lado de la gente, no de los senadores kirchneristas”, expresó Bullrich durante un acto en Tres de Febrero, y reiteró su postura en redes sociales, donde la acusó de “denigrar la institución que preside”.

La respuesta de Villarruel no se hizo esperar. A través de un extenso mensaje en redes sociales, defendió su accionar institucional y acusó a Bullrich de haber integrado organizaciones terroristas en el pasado. “Me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman”, afirmó la vicepresidenta, subrayando que su rol es garantizar el funcionamiento del Senado, más allá de las disputas políticas.

El presidente Javier Milei también intervino en la controversia, calificando a Villarruel de “traidora” durante un acto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, lo que evidenció la profundidad de la crisis interna. Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentó bajar el tono del conflicto, justificando la complejidad institucional del rol de Villarruel y señalando que su retiro habría dejado la conducción de la sesión en manos de la oposición.

La sesión en cuestión fue autoconvocada por la oposición y permitió la aprobación de leyes que el oficialismo considera perjudiciales para el equilibrio fiscal. El Gobierno anunció que judicializará los proyectos aprobados y podría vetarlos, mientras la oposición celebró la fractura en el oficialismo y la aprobación de las iniciativas.

Este episodio refleja las crecientes tensiones dentro del gobierno libertario y la dificultad para mantener la unidad frente a una oposición fortalecida. El debate sobre la legalidad de la sesión y el rol de la vicepresidenta pone de manifiesto la fragilidad institucional y la necesidad de consensos para afrontar los desafíos legislativos y políticos que enfrenta el país.