El Gobierno nacional puso en marcha el Consejo de Mayo, un órgano multisectorial creado tras el Pacto de Mayo de 2024, con el objetivo de debatir y consensuar reformas estructurales en Argentina. La primera reunión se realizó este martes en la Casa Rosada, encabezada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y con la participación de representantes de los gobernadores, la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión Industrial Argentina (UIA), el Senado y la Cámara de Diputados.

La prioridad inicial del Consejo es la reforma laboral, considerada clave por el oficialismo para modernizar la legislación y promover el trabajo formal. Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, asistió en representación de la CGT, pese a las diferencias internas dentro de la central obrera respecto a la participación en el debate. El sector empresarial, representado por Martín Rappallini (UIA), y los legisladores Carolina Losada y Cristian Ritondo, también forman parte de la mesa.

El Consejo de Mayo surge como resultado del acuerdo firmado por el presidente Javier Milei y 19 gobernadores en la Casa Histórica de Tucumán, el 9 de julio de 2024. El pacto estableció diez políticas de Estado, entre ellas la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, la reforma tributaria y la apertura comercial. El Gobierno busca avanzar en estos consensos antes de las elecciones de octubre, confiando en que una nueva composición parlamentaria facilite la aprobación de las reformas.

Sin embargo, el contexto es de alta tensión social y política. Los gobernadores reclaman una mayor coparticipación y fondos para obra pública, mientras que los sindicatos protestan por los recortes de empleo público y la agenda de ajuste. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, perderá facultades delegadas en julio, lo que refuerza la necesidad de acuerdos legislativos para avanzar con las reformas.

El Gobierno apuesta a que el Consejo de Mayo proyecte una imagen de gestión proactiva y diálogo institucional, diferenciándose de experiencias previas que no prosperaron. No obstante, la resistencia sindical y la presión social plantean desafíos significativos para la concreción de las reformas estructurales propuestas.