La tensión entre el gobierno nacional y las provincias argentinas alcanzó un nuevo pico esta semana, luego de que los 24 gobernadores presentaran en el Senado dos proyectos de ley para modificar la distribución de fondos nacionales. Las iniciativas buscan aumentar la participación de las provincias en el impuesto a los combustibles y establecer un reparto automático y diario de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos que hasta ahora se distribuyen de manera discrecional desde la Casa Rosada.

El presidente Javier Milei y su equipo económico rechazaron de plano la propuesta, argumentando que los recursos actuales son suficientes para cubrir los gastos operativos provinciales y que no se pondrá en riesgo el equilibrio fiscal. "La plata que tienen este año les alcanza", fue el mensaje enviado desde el Ejecutivo, que además advirtió que, de aprobarse la ley, podría ser vetada.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se apartaron de las negociaciones y dejaron en claro que no habrá nuevas conversaciones sobre el tema. Desde el Palacio de Hacienda, se sostiene que la iniciativa de los gobernadores implicaría un gasto extra de hasta 0,4% del PIB, algo que consideran inaceptable en el actual contexto económico.

Por su parte, los mandatarios provinciales argumentan que la medida no afectará el superávit fiscal y que las provincias ya han realizado importantes ajustes en sus presupuestos. "Todos estamos de acuerdo en mantener el superávit fiscal; los gobernadores hemos ajustado todo lo que podemos, incluso más que Nación", afirmó el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

El debate parlamentario se anticipa intenso, ya que el oficialismo es minoría en ambas cámaras y los proyectos cuentan con el respaldo de bloques opositores y aliados habituales del gobierno. Sin embargo, existen dudas sobre la validez reglamentaria de la iniciativa, ya que al tratarse de un proyecto vinculado a impuestos, debería haber ingresado por Diputados y no por el Senado.

En este contexto, la discusión sobre el Presupuesto 2026 y la distribución de fondos nacionales se da en un clima de incertidumbre política y económica, con la posibilidad de que el debate se postergue hasta después de las elecciones de medio término. Mientras tanto, las provincias insisten en la necesidad de recursos para prestar servicios esenciales, y la Casa Rosada mantiene su postura de ajuste y control del gasto público.