Más de 60 trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) fueron despedidos en los últimos días, en el marco de una reestructuración impulsada por el gobierno nacional. La medida, que generó protestas y tensión en la sede central del organismo, fue defendida por el presidente de la CNEA, Martín Porro, quien aseguró que los despidos corresponden a contratos de plazo fijo y que no afectan a personal científico ni estratégico. Sin embargo, trabajadores y gremios contradicen esta versión, señalando que entre los desvinculados hay técnicos altamente calificados y operadores únicos de equipamiento clave para el sector nuclear.

El martes 30 de junio, Porro abandonó las instalaciones de la CNEA escoltado por efectivos de Gendarmería, en medio de manifestaciones gremiales. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que los despidos alcanzan casi 100 personas, muchas de ellas con más de una década de antigüedad. "Se trata en todos los casos de empleados con más de 5, 10, 15 y 20 años de antigüedad", afirmó el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.

El ajuste en la CNEA se da en un contexto de fuerte reducción presupuestaria. Según datos oficiales y gremiales, el presupuesto del organismo cayó un 58% en términos reales respecto a 2023, afectando áreas estratégicas como seguridad nuclear, aplicaciones tecnológicas y desarrollo de reactores. Desde el inicio de la actual gestión, la CNEA perdió entre 389 y 571 puestos de trabajo, dependiendo de la fuente consultada.

En paralelo a los despidos, el gobierno anunció la construcción del reactor modular ACR-300, un proyecto impulsado por capitales privados y presentado como parte de una nueva política de promoción de inversiones en el sector nuclear. Este anuncio se produce mientras el proyecto nacional CAREM, considerado un hito tecnológico argentino, permanece paralizado.

El cambio de modelo en la política nuclear argentina también se refleja en el alineamiento geopolítico con Estados Unidos y la apertura a inversiones extranjeras. Gremios y especialistas advierten que la pérdida de personal calificado y la paralización de proyectos estratégicos pueden comprometer el futuro del sector nuclear nacional. El gobierno, por su parte, sostiene que la reestructuración es necesaria para modernizar la CNEA y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.