El mercado laboral argentino atraviesa una etapa de creciente precariedad, marcada por el avance de la informalidad y el estancamiento del empleo formal. Según datos oficiales y estudios de diversas instituciones, el 43,2% de la población ocupada se encuentra en condiciones informales, una cifra que representa un salto de cuatro puntos porcentuales respecto al año anterior. Esta tendencia se ve acompañada por el fenómeno del pluriempleo, que afecta a casi dos millones de personas que combinan trabajos en el sector público y privado, o alternan empleos asalariados con actividades independientes, para evitar caer por debajo de la línea de pobreza.

El crecimiento del empleo independiente, que avanza a una tasa anual de 2,91%, contrasta con el magro 1,11% del empleo asalariado. En los últimos nueve años, el empleo asalariado privado creció apenas un 2%, muy por debajo del aumento poblacional y de la oferta laboral. Mientras tanto, el empleo no registrado se expandió a una tasa de 2,37% anual, superando ampliamente al empleo formal, que solo creció 0,22% anual en el mismo período.

El salario mínimo real también sufrió un fuerte retroceso: cayó un 43,4% desde 2019 y un 56,7% desde 2015, ubicándose por debajo de los niveles de la década de 1990 y de la crisis de 2001. El 70% de la población percibe ingresos mensuales inferiores a $700.000, cifra insuficiente para cubrir la canasta básica familiar.

Las causas de este deterioro se encuentran en una legislación laboral que no se ha modernizado desde los años 70, una alta carga impositiva y un clima judicial adverso, factores que afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas. La falta de incentivos para la contratación formal y la protección social adecuada han impulsado la expansión del trabajo independiente y el multiempleo como estrategias de supervivencia.

Expertos y centros de estudio coinciden en la necesidad de una reforma laboral estructural que contemple incentivos al empleo formal, protección social y reglas adaptadas a la nueva realidad del trabajo. Mientras tanto, sindicatos y organizaciones sociales advierten sobre la pérdida de derechos y el deterioro de los salarios, en un contexto donde la informalidad y la precariedad laboral continúan en aumento.