El Gobierno nacional designó a la senadora tucumana Sandra Mendoza en la Comisión de Acuerdos del Senado, un movimiento estratégico destinado a destrabar la designación de más de 200 jueces federales y dos cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia. La decisión, que fortalece la influencia del gobernador Osvaldo Jaldo, busca reducir la resistencia del sector kirchnerista, que hasta ahora había bloqueado los nombramientos clave en el ámbito judicial.

La incorporación de Mendoza a la poderosa comisión se produce tras el fracaso de una negociación global entre el oficialismo y el kirchnerismo, liderada por Wado de Pedro. Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, el Gobierno optó por acercarse a los gobernadores peronistas más dialoguistas, como Jaldo y Raúl Jalil, para avanzar en la aprobación de los pliegos judiciales. "Si a ellos no les gustan los nombres que mandaron, problema de ellos", afirmó Bartolomé Abdala, presidente provisional de la Cámara, en referencia a la nueva composición de las comisiones.

El bloque de peronistas disidentes, encabezado por Fernando Salino, también envió representantes a comisiones clave, restando poder al sector de José Mayans, quien denunció una reducción ilegal de los espacios asignados al kirchnerismo. Desde el entorno de Mayans se evalúa la posibilidad de judicializar las normas aprobadas bajo la nueva configuración, argumentando que no se respeta la representación proporcional.

La vicepresidenta Victoria Villarruel expresó su desacuerdo con la forma en que se resolvió la integración de las comisiones, señalando que "ni el peronismo le hizo esto a la oposición cuando fue gobierno". Por su parte, la exministra Patricia Bullrich defendió la medida y propuso compensar al kirchnerismo con lugares en otras comisiones, aunque la propuesta fue rechazada.

Este reacomodamiento en el Senado refleja la creciente fragmentación dentro del peronismo y la búsqueda del oficialismo por avanzar en la agenda judicial, en un contexto de tensiones políticas y disputas por el control de los órganos clave para la aprobación de leyes y designaciones. El desenlace de esta maniobra podría tener implicancias significativas para el futuro del sistema judicial argentino y la dinámica parlamentaria.