El Tribunal Oral Federal N°8 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a Marcelo D'Alessio a 13 años y 6 meses de prisión por su rol como líder de una organización dedicada al espionaje ilegal, la extorsión y el lavado de dinero entre 2016 y 2019. La sentencia, dictada tras un juicio oral de casi dos años, también alcanzó a exagentes de inteligencia y empresarios, quienes recibieron penas de entre 3 y 9 años y medio de prisión.

La investigación se inició en enero de 2019, cuando el empresario Pedro Etchebest denunció que D'Alessio le exigió 300.000 dólares para no ser involucrado en la causa "Cuadernos", un caso emblemático de corrupción. El tribunal consideró probado que la red obtenía información de bases de datos públicas y restringidas, valiéndose de contactos en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el Ministerio de Seguridad. Esta información era utilizada para extorsionar a víctimas bajo amenaza de manipular causas judiciales o exponerlas en los medios.

Durante el proceso, que incluyó la declaración de más de 100 testigos y el análisis de 30.000 gigabytes de pruebas digitales, se determinó que D'Alessio y sus cómplices integraban dos asociaciones ilícitas: una dedicada al espionaje y la extorsión, y otra al lavado internacional de activos. El tribunal absolvió a tres imputados y ordenó la restitución de dinero a Etchebest.

El fiscal federal Carlos Stornelli, vinculado al caso, fue sobreseído y no llegó a juicio. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reconoció haber mantenido reuniones con D'Alessio, aunque lo calificó de "trucho" y negó vínculos con sus actividades ilícitas.

El fallo, que será fundamentado el 15 de septiembre de 2025, fue considerado un avance en la lucha contra la impunidad en delitos de inteligencia y corrupción. Sin embargo, la justicia ordenó continuar investigando la filtración de información estatal y el circuito internacional de lavado de dinero, así como la posible participación de otros funcionarios y agentes. El caso D'Alessio expuso la compleja trama de relaciones entre inteligencia, justicia, medios y empresarios en Argentina, y reavivó el debate sobre la transparencia y el control institucional en el país.