En Argentina, la crisis en el sistema de atención a personas con discapacidad ha generado movilizaciones masivas en al menos 14 distritos del país, incluyendo Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Los prestadores de servicios, junto con familias y organizaciones sociales, han salido a las calles para exigir soluciones urgentes ante la falta de pagos y la ausencia de actualización de aranceles desde diciembre de 2024.

En Santa Fe, la marcha "Una luz por la discapacidad" reunió a trabajadores y familias que denunciaron que el sistema está al borde del colapso. "Con amor no se pagan las cuentas", expresó una manifestante, destacando la insostenibilidad económica que enfrentan los prestadores. La situación es similar en Córdoba, donde los manifestantes se concentraron en la Plaza San Martín y marcharon por las calles céntricas, reclamando una respuesta urgente del gobierno nacional.

El principal reclamo es la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo tratamiento en el Congreso está previsto para el próximo 4 de junio. Esta ley busca actualizar los aranceles del nomenclador nacional y garantizar los pagos a terapeutas, transportistas y otros profesionales que asisten a personas con discapacidad. Sin embargo, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha manifestado su rechazo al proyecto, calificándolo de regresivo y asistencialista.

La crisis también afecta directamente a las familias. "Somos rehenes de todo lo que está pasando", declaró la madre de un niño que necesita terapias, mientras que Tiziano, un niño con autismo, pidió ante las cámaras que se pague a sus terapeutas para evitar el cierre de su terapia. Estas declaraciones reflejan el impacto humano de una problemática que trasciende lo económico.

En paralelo, organizaciones sociales han denunciado ante la ONU la grave situación que enfrentan las personas con discapacidad en Argentina, señalando que los recortes presupuestarios y las auditorías burocráticas vulneran sus derechos fundamentales. Según datos de la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa (CASAIE), los profesionales de apoyo están cobrando un 73% menos de lo que deberían, lo que pone en riesgo la continuidad de los servicios.

La movilización ha generado tensiones políticas. Mientras los manifestantes exigen soluciones inmediatas, el titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, ha generado indignación con declaraciones como "Si vos tuviste un hijo con discapacidad, es problema de la familia, no del Estado". Estas palabras han sido interpretadas como un reflejo de un Estado ausente en un momento crítico.

La aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad podría ser un paso importante para aliviar la crisis, pero enfrenta resistencia política y administrativa. En un contexto de ajuste presupuestario y recortes en pensiones no contributivas, la situación sigue siendo incierta, dejando a miles de personas con discapacidad y sus familias en una posición vulnerable.