Un trágico episodio de violencia de género sacudió a la localidad de Coronda, Santa Fe, cuando un suboficial de policía disparó en la cabeza a su pareja, también policía y embarazada de ocho meses. El hecho ocurrió el domingo por la noche en la vivienda que ambos compartían, ubicada en la calle Laguna Paiva al 1100. La víctima, identificada como Nicole Anahí Isnardo, de 21 años, fue trasladada de urgencia al Hospital José María Cullen, donde fue sometida a una cesárea para salvar a su bebé y a una craneotomía descompresiva debido a la gravedad de su herida.

El bebé, nacido con 34 semanas de gestación, pesa 1,800 kg y permanece en la unidad de neonatología con asistencia respiratoria mecánica. Su estado es reservado, al igual que el de su madre, quien se encuentra en terapia intensiva con respirador mecánico y bajo observación crítica durante las próximas 48-72 horas.

El agresor, Brian Ezequiel A., de 22 años, también suboficial de policía, fue detenido en el lugar del hecho. Según su declaración, el disparo fue accidental mientras manipulaba su arma reglamentaria, una pistola Bersa calibre 9 mm. Sin embargo, el fiscal Alejandro Benítez, a cargo de la investigación, lo imputó por tentativa de femicidio y ordenó una serie de peritajes, incluyendo pruebas de parafina y el análisis de la escena del crimen, donde se encontraron manchas de sangre, cargadores y el arma utilizada.

Ambos policías pertenecían a la Brigada de Orden Urbano de Rosario y habían comenzado a trabajar en febrero de este año. La víctima, debido a su avanzado embarazo, había sido reasignada a tareas administrativas y no portaba arma de fuego. Según fuentes cercanas, la pareja había retomado su relación recientemente tras un período de separación.

La subdirectora del Hospital Cullen, Amanda Zárate, informó que la madre ingresó lúcida pero en estado crítico, y que las próximas horas serán determinantes para su evolución. En cuanto al bebé, los médicos son optimistas pero cautelosos, ya que enfrenta los desafíos típicos de un nacimiento prematuro.

El caso ha generado conmoción en la comunidad local y reavivado el debate sobre la violencia de género, especialmente dentro de las fuerzas de seguridad. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación y pedido una revisión de los protocolos de formación y control de los agentes policiales. Mientras tanto, la investigación continúa y se espera que el fiscal Benítez presente más pruebas en los próximos días.