El gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, implementó una profunda reforma en la Policía Federal Argentina (PFA) mediante el decreto 383/2025, generando un amplio debate en la sociedad y entre especialistas en derecho y seguridad. La nueva normativa, anunciada el 17 de junio, otorga a la PFA la facultad de detener personas y realizar requisas sin orden judicial en determinadas circunstancias, así como la posibilidad de realizar ciberpatrullaje en espacios digitales públicos sin autorización judicial previa.

Según el Ejecutivo, la reforma busca modernizar la fuerza y alinearla con estándares internacionales, inspirándose en modelos como el FBI estadounidense. El presidente Milei afirmó que la medida permitirá a la PFA enfocarse en la investigación criminal y la prevención del delito, priorizando recursos y actualizando protocolos. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa como un paso necesario para combatir el crimen organizado y responder a las nuevas formas de delito.

Sin embargo, la decisión ha sido duramente cuestionada por organismos de derechos humanos, jueces y expertos constitucionalistas. El Comité Panamericano de Jueces por los Derechos Sociales advirtió que la reforma pone en riesgo el Estado democrático de derecho, al permitir detenciones y requisas sin control judicial. Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) manifestaron su preocupación por el ciberpatrullaje, señalando que podría derivar en vigilancia masiva y criminalización de la protesta social.

Críticos también señalan la falta de debate parlamentario y la discrecionalidad que la norma otorga a la policía. El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) calificó la reforma como una oportunidad desperdiciada, argumentando que prioriza el marketing político sobre cambios estructurales reales. Desde el gobierno, el vocero presidencial Manuel Adorni defendió la legalidad de la medida y sostuvo que cualquier objeción debe ser resuelta por la justicia.

La reforma se produce en un contexto de creciente tensión social y cuestionamientos a la represión estatal, en el marco de una política de seguridad más dura impulsada por Bullrich. El debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales vuelve así al centro de la agenda pública argentina, con implicancias que podrían extenderse en el mediano plazo.